La Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta dos problemas que terminan en un mismo callejón sin salida.
Por un lado, experimenta una falta de liquidez para afrontar el pago de las pensiones, generada por la baja en la recaudación de la cuota obrero–patronal, con la que se financian las jubilaciones de más de 280 mil personas.
Esta tendencia se marca desde enero de 2020, pero ganó mayor fuerza a raíz del brote del coronavirus, que ha dejado a las empresas sin la posibilidad de cumplir el pago de dicho compromiso. Por otra parte, y desde hace dos años, empezó el agotamiento de las reservas del subsistema de beneficio definido de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Cada vez son más pensionados y menor la cantidad de cotizantes que integran el programa conocido como solidario.
Es decir: los ahorros que se fueron generando a lo largo del tiempo empezaron a utilizarse entre 2018 y 2019 para el pago de las pensiones. En este periodo se han tomado $297.9 millones de las reservas.
Antes de la Covid–19, en la CSS se calculó que las reservas del subsistema de reparto definido del IVM iban a agotarse en 2026. Pero ahora, con menos aportes en la cuota obrero–patronal a raíz de la pandemia, el fin de estos ahorros se adelantaría si no se aplica una fórmula que impida su rápida erosión.
El director de la CSS, Enrique Lau, dijo ayer que intenta buscarle una salida al problema de liquidez coyuntural, pero no precisó cuáles eran las opciones que estudian y que presentarán ante la junta directiva.
La primera medida fue proponerle a este cuerpo colegiado, el pasado 7 de mayo, que autorizara la venta gradual en el mercado secundario de bonos del subsistema del IVM, hasta por un máximo de $1,100 millones.
La junta directiva se opuso y pidió a Lau que presentara un abanico de opciones en el término de 20 días.
En un conversatorio con periodistas ayer al medio día —en el que Lau habló durante 40 minutos y solo atendió dos preguntas—, el funcionario dijo que presentarían las opciones que ha estudiado la actual administración para resolver el problema del sistema de pensiones.
Sin embargo, ninguna de las opciones estudiadas y que se conocen, responde a una solución expedita. De hecho, todas ellas deberán pasar por la aprobación del Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Se trata, por ejemplo, de la eliminación de restricciones que limitan el acceso a los recursos del Fondo Fiduciario que se creó para contribuir a financiar déficits temporales del programa IVM; ampliar la capacidad de la CSS para poder invertir en proyectos de Asociación Pública Privada; o fusionar los programas IVM de beneficio definido y el mixto, como existía previo a la reforma del año 2005.
Apenas se supo de estas posibles salidas la semana pasada, se dijo que la unificación de los sistemas respondería a una reforma estructural que deberá evaluarse en un diálogo nacional, tal como lo reiteró ayer el mismo Lau.
“Necesitamos que se dé el diálogo y las decisiones que se tomen deben ser parte de un consenso”, acentuó Lau, sin precisar qué se presentará a la directiva de la CSS.
Horas antes del llamado conversatorio, el presidente Laurentino Cortizo indicó que para determinar el futuro de la CSS y sus finanzas, debe darse un diálogo nacional, y pidió a la junta directiva no tomar por ahora decisiones sobre el futuro de la entidad.
Según Cortizo, el Gobierno prepara ese llamado a todos los sectores para reunirse y buscar los consensos sobre el tema. Añadió que él tiene una opción pensada para el CSS, pero les dijo a los periodistas que no la revelaría en ese momento. “Pronto estaré anunciando esa convocatoria... la misión cuál es: salvar a la CSS”.
Presupuesto frustrado
En tanto, las recaudaciones de la cuota obrero—patronal registran una baja de $267.3 millones en los primero cuatro meses de este año, respecto de lo presupuestado.
Entre enero y abril, la cuota obrero–patronal recaudada sumó $1,205 millones, cuando se habían estipulado $1,472.3 millones.
Las recaudaciones han venido en picada desde enero, pero esta diferencia entre lo presupuestado y lo obtenido se profundizó en marzo y abril pasado.
La CSS registró una baja de $197.1 millones de acuerdo con lo que se había proyectado entre los meses de marzo y abril, es decir, desde el comienzo de los contagios de la Covid-19 en Panamá.
Por ejemplo, en el mes de marzo se había presupuestado recaudar $364.3 millones, pero finalmente entraron $294.7 millones, una baja de $69.6 millones respecto a lo que se había calculado.
El golpe se sintió más fuerte en abril: la recaudación fue un 36% menos de lo que se había presupuestado. La cuota obrero–patronal pagada ese mes solo llegó a $230.5 millones, cuando se suponía que serían $358.1 millones. Esto significa que faltaron $127.5 millones para llegar a la meta.
Todos los meses, la CSS paga un promedio de $170 millones en pensiones, sin contar que con la cuota obrero–patronal también se financia el programa de enfermedad y maternidad, lo que duplica la tensión para conseguir los fondos para no usar las reservas de una forma más agresiva.
