La Junta Técnica Actuarial en pleno compareció ante la mesa técnica de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, detallando la severa crisis que enfrenta el sistema público de pensiones, con enormes deudas a futuro y ahorros que tienen sus días contados.
Se trató de un ejercicio en el que el actuario Andrés de la Guardia, acompañado de Luis Pimentel y Eduardo Rodríguez, detalló por primera vez a viva voz el alcance de sus corridas, los fallos estructurales del subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM y la crisis financiera que enfrenta el programa.
Del diálogo deben salir las propuestas para reformar el sistema de pensiones, cuyo componente exclusivamente de beneficio definido verá extinguir sus reservas en 2024. Por eso era tan importante la visita de los técnicos, quienes dieron sus consideraciones sobre el último estudio actuarial que entregaron a la administración de la CSS el pasado 4 de febrero, en base a informes financieros de 2019.
La JTA es independiente a la administración de la CSS. Su función es realizar auditorías actuariales periódicas al régimen de IVM.
Esta junta está compuesta por tres profesionales, que por ley deben poseer licenciatura en ciencias actuariales o ciencias económicas, estadísticas o matemáticas. Se trata de personal altamente técnico que debe identificar, controlar y monitorear los riesgos que se presenten en el IVM, y examinar la suficiencia de recursos.
De la Guardia explicó que es importante entender que las deudas del subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM van más allá de los $18,600 millones que se tienen que pagar a través del tiempo a quienes ya están jubilados.
“Esta no es toda la historia”, enfatizó De la Guardia, porque las deudas actuariales reales de la CSS estarían entre $65 mil y $75 mil millones, que sería el monto total que de aquí a 2079 habría que pagarle a los actuales y futuros pensionados que hagan parte del subsistema exclusivamente de beneficio definido.
“Estas son deudas reales, personas que tienen cotizaciones y que les falta llegar a la edad o les faltan cuotas”, y a quienes en algún momento habrá que pagarles, puntualizó el actuario.
El problema estructural del subsistema de beneficio definido del IVM es que cada año crece el número de personas a las que hay que pagarle pensiones, mientras que se va reduciendo el número de cotizantes.
Los ingresos anuales de la cuota obrero-patronal de los cotizantes son la principal fuente de financiamiento de las pensiones, pero como estos son limitados y no cubren los pagos de quienes ya están jubilados, entonces hay que echarle mano al fideicomiso que el programa tiene en el Banco Nacional de Panamá o a las reservas.
Es por ello que las reservas, que ya se han empezado a utilizar, se acabarán en 2024.
“Hay que tomar medidas urgentes para solventar esto. Nos queda poco tiempo”, dijo De la Guardia, quien alentó a los representantes del diálogo a evaluar todas las opciones que se puedan poner sobre la mesa para encontrarle una solución a largo plazo a la falta de fondos en el subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Para el año 2025, el déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido llegaría a $1,000 millones y, a medida que pasan los años, la diferencia entre los ingresos y gastos será más grande.
De acuerdo con las corridas hechas por la JTA, en 2029 el déficit sería de entre $1,600 millones y $1,700 millones.
El punto de mayor déficit, explicaron los actuarios, llegaría en el año 2051, cuando alcance entre $5 mil millones y $6 mil millones al año.
El subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, reconoció que el IVM está condenado estructuralmente. “Hay que meterle recursos frescos al sistema y ninguna medida por sí sola resuelve el problema. La discusión aquí -en la mesa del diálogo- es de dónde vendrán los recursos”.
Una de las propuestas que se han barajado es la unificación del subsistema exclusivamente de beneficio definido con el subsistema mixto, que tiene un componente de ahorro individual.
Sin embargo, la JTA ha dicho que una movida de este tipo cuadriplicaría el déficit a lo largo del tiempo.
La incorporación en un solo sistema a todos los cotizantes existentes y futuros, con los mismos parámetros de pensión que tiene el actual subsistema de beneficio definido, equivale a eliminar todo lo relacionado con la creación del sistema mixto, lo que daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que el déficit máximo por año de unos $3 mil millones pasaría a $12 mil millones.
En este tema, “los actuarios llegaron a la conclusión de que se resuelve el problema por 15 años, pero a largo plazo será peor”, sentenció Bustamante.
