Un nuevo recurso se suma a la larga lista de documentos que se han anexado al proceso de apelación que presentó Odebrecht (CNO) a fin de revertir la anulación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros que emitió Tocumen S.A. el 28 de septiembre pasado.
El 30 de noviembre, Odebrecht presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) para que este organismo traslade el proceso de apelación a la esfera arbitral.
En respuesta, la última movida ha sido la de Tocumen, que entregó al TACP un “escrito de oposición” para contrarrestar la solicitud de la empresa brasileña.
Odebrecht no solo espera que la disputa sea dilucidada en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap) de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. También está pidiendo que Tocumen sea obligado, como mínimo, a pagarle $19.4 millones como parte de los reclamos.
Cronología legal
Odebrecht acudió inicialmente al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para que resolviera la apelación que presentó contra la decisión adoptada por Tocumen, pero el contratista brasileño cambió de estrategia y pidió al tribunal que se inhiba de conocer el proceso en disputa, y solicitó que el mismo sea trasladado a la jurisdicción arbitral.
El arbitraje fue solicitado después de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no admitió la advertencia de ilegalidad presentada por Odebrecht contra la anulación administrativa que ejecutó Tocumen, sobre el contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros.
Contrato. Trabajos por concluir
10,547
Trabajos pendientes debía resolver Odebrecht, luego que Tocumen firmó el acta de aceptación sustancial.
400
Trabajos no atendió Odebrecht antes que venciera la octava adenda, según una inspección que realizó la Contraloría General a la terminal de pasajeros.
116 mil
Metros cuadrados tiene el edificio que aumentará a 20 millones la cantidad de pasajeros que puede manejar Tocumen en un año.
Para Odebrecht, no solamente está en juego lo que queda por ejecutar del contrato con Tocumen. También quedó inhabilitada en Panamá luego de que el principal aeropuerto del país le rescindió por “incumplimiento” el contrato para la ampliación de la terminal.
En su escrito de oposición, Tocumen indica “que a través de la resolución administrativa se resuelve sobre materias que son inarbitrables, como lo son las sanciones e inhabilitaciones conforme a la legislación administrativa, que están reservadas exclusivamente a la entidad pública contratante y a la Dirección General de Contrataciones Públicas y, por tanto, su legalidad únicamente puede ser objeto de análisis del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas o bien la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”.
La terminal aérea sostiene que los incumplimientos de Odebrecht son evidentes y calificó de “dilatorios” todos los recursos presentados ante el TACP, la Sala Tercera y ahora el arbitraje.
En las solicitudes realizadas dentro del arbitraje, Odebrecht pide 90 días para terminar los trabajos pendientes que no atendió antes que venciera la octava adenda del contrato el 30 de septiembre; el pago de $19.4 millones antes mencionado; y que se le ordene a Tocumen revertir la anulación del contrato, así como la inhabilitación por tres años.
Contrato. Inversión aeroportuaria
La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen asegura que ha pagado 910 millones de dólares a Odebrecht, de un total de 917 millones de dólares acordados en el contrato y en sus respectivas adendas. El contrato firmado en 2012 fue por un monto de 679.4 millones de dólares.
La constructora sostiene que no es responsable de ningún retraso y culpa a Tocumen de la demora en la ejecución de los trabajos por incumplir con el cronograma de pagos. Igualmente, sostiene que las restricciones que se aplicaron a nivel mundial afectaron su cronograma de trabajo.
Dentro de su “escrito de oposición”, Tocumen indica que para proteger los intereses del Estado a través de la ejecución de la fianza de cumplimiento, era necesario que se resolviera administrativamente el contrato.
En la solicitud presentada ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, la empresa brasileña indica que en el contrato de 2012 se estableció que de existir alguna diferencia entre las partes, la misma se sometería a un arbitraje.
