Un informe sobre “Delito Financiero en América Latina y el Caribe” elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.
El estudio, elaborado a partir de entrevistas con expertos, señala que existe la sensación de que el país conoce lo que tiene que hacer, pero no se mueve los suficientemente rápido por una serie de factores, como el estancamiento legislativo, la falta de coordinación entre agencias, la resistencia del sector privado y barreras a la implementación. “Muchos en Panamá, así como en la comunidad internacional, están frustrados con los resultados”, recoge el estudio.
A los expertos se les pidió que calificaran del 1 al 5 la efectividad de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales y el resultado fue de 2.17 sobre 5, por debajo del promedio regional (2.47). Entre las áreas de debilidad se refieren a que las leyes “sólo están en papel”, el fracaso en la implementación, la falta coordinación entre instituciones y el nivel de condenas.
El abogado Carlos Barsallo dijo que se reafirman las debilidades advertidas por Transparencia Internacional - Panamá, organización que preside, sobre las debilidades en áreas como la transparencia de los beneficiarios finales y las sanciones.
El estudio califica como un paso importante la aprobación de una ley para crear un registro de beneficiarios finales, dadas las “profundas debilidades” en materia de prevención de blanqueo de capitales con las estructuras corporativas. No obstante, resalta que el lento camino de implementación -el registro fue aprobado en marzo de 2020 y aún no se ha creado- y las lagunas en la ley son motivo de preocupación. Un alto funcionario que fue entrevistado, cuya identidad no se recoge, reconoció que la transparencia sobre beneficiarios finales sigue siendo “nuestro talón de Aquiles”.
Transparencia Internacional - Panamá ha señalado que un adecuado registro de beneficiarios finales puede servir para cooperar internacionalmente, pero también para contrarrestar la corrupción local.
Cuando se les preguntó por los tipos de crímenes financieros más frecuentas, apuntaron al lavado de dinero y la corrupción, con fondos que suelen provenir más de fuentes extranjeras que locales, recoge el informe.
En cuanto a los canales usados, se mencionan las estructuras corporativas, la banca, el sector inmobiliario o el comercio internacional. En este sentido, se calcula en un promedio anual de $2,600 millones el monto de facturación comercial falsa en Panamá, según el informe, que cita un estudio previo con datos entre 2008 y 2017. Barsallo dijo que en Panamá en ocasiones se desconoce o se niega el lavado de dinero con base en el comercio, pero que es un tema que también requiere atención.
Entre las recomendaciones a los países está la creación de tribunales especializados en delitos financieros y se sugiere aprovechar la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa en Estados Unidos para que haya una colaboración entre el país norteamericano y Panamá en temas ligados a estructuras corporativas y beneficiarios finales.
