La Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que permitió la reestructuración y privatización del servicio eléctrico, requiere una revisión para introducir modificaciones luego de 25 años de vigencia, coincidieron ayer representantes del sector.
Esta legislación fue parte de un proceso que se desarrolló a finales de la década de 1990 a la par de otras privatizaciones, como la del sector de las telecomunicaciones y los puertos, que hasta ese momento estaban en manos del Estado.
A nivel del sector eléctrico se plantea revisar el funcionamiento de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, así como lo relacionado con los contratos de compra de energía y potencia .
“Haciendo un examen, yo creo que ha sido un éxito los últimos 25 años ya que el sector privado ha demostrado que puede llevar a cabo la responsabilidad, no solamente de la parte financiera, sino también de la gestión”, señaló Fernando Aramburú Porras, durante un foro virtual organizado por la Secretaría Nacional de Energía.
“No fue tarea fácil”, recuerda Aramburú Porras, quien estuvo al frente de la reestructuración del sector eléctrico que requirió dividir el estatal Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en tres empresas de distribución, cuatro de generación y una de transmisión.
Reconoció que el sector eléctrico que tenemos hoy en Panamá es mucho más eficiente, las pérdidas de electricidad que eran del 26% por robo y temas técnicos, han bajado mucho.
Por su parte, el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff manifestó que 25 años después estamos frente a realidades similares para evaluar el sector eléctrico pero ahora con el reto de la transición eléctrica. Como rector de la política energética del Estado, señaló que existe la necesidad de revisar el marco regulatorio institucional del sector eléctrico.
