El derecho es dinámico, pues regula las relaciones entre los seres humanos. Esto significa constantes avances y evoluciones que conllevan la aparición de nuevas normativas.
Particular atención merece revisar lo que ocurre con el derecho fiscal en nuestro país, donde solamente tomando en consideración los últimos 10 años, hemos tenido 38 reformas al Código Fiscal.
Lo anterior sin contabilizar los aspectos de cambios tributarios a leyes de regímenes especiales, aduanas, tratados de doble tributación e intercambio de información fiscal, municipales y seguridad social. Sin dejar de lado las reformas a los decretos ejecutivos y a las resoluciones administrativas.
Los cambios son producto de la búsqueda constante, a veces sin una visión integral a largo plazo, por mejorar la administración fiscal y la recaudación a nivel interno, y otros son el resultado de cambios y presiones externas que influyen en el país.
Nunca se deja de estudiar y aprender, lo cual es completamente necesario. Pero, es factible hacer un alto y pensar que si las leyes son de aplicación para todos los ciudadanos y extranjeros, ¿tienen ellos conocimiento de todas las normas? ¿Se encuentra nuestra administración de justicia al tanto de todos estos cambios normativos? ¿Los funcionarios encargados de aplicar estas normas las conocen y tienen amplio dominio de estas?
Quizás la respuesta a estas preguntas es no. Ahora bien, considero que tenemos dos opciones: i) Seguir implementando tantas reformas que se nos piden o se nos ocurran producto de la irregular generación espontánea intelectual en cada gobierno; o ii) crear un plan nacional, preciso y serio de reorganización integral que involucre desde la administración pública y la legislación fiscal en general. Estamos a tiempo.
La fiscalidad moderna promueve el respeto de los derechos del contribuyente, que se inicia con la transparencia, el conocimiento y la simplicidad de los trámites, no sin antes tener claro que el mejor tributo es el que menos cuesta recaudar.
CÁPSULA FISCAL
En la Gaceta Oficial del 14/2/2019, se publicó la ley 76 de 2019 que aprueba el código de procedimiento tributario de Panamá.
Es un avance, pero viene el momento de analizar si este documento pudo ser más discutido, estudiado, revisado y consensuado.
Estamos en pleno estudio, sobre todo que se trata de un código que regirá a partir del 1/1/2020, salvo algunas normas que empiezan a regir a partir de mayo de 2019.
El autor es abogado especializado en materia tributaria