Las repercusiones sociales y económicas de la Covid-19 en Panamá serán mucho más profundas que su efecto sanitario. Al margen de la catástrofe laboral que ocasionó, la pandemia marca el fin de una era. Luego de 30 años de expansión del empleo, inversión en “cemento” y bonanza económica “excluyente”, la economía de Panamá se contrajo 17.9% y perdió 289 mil plazas de trabajo (15% de su fuerza laboral) en el 2020. En un país que genera 45 mil empleos anuales (promedio 2014-2019), tomará más de 6 años recuperar lo perdido el año pasado.
El sector privado perdió 37% de sus empleos formales en un año, acentuando la contracción que inició en el 2013, cuando los asalariados privados representaban 53% de todos los empleos, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. 2 de cada 3 empleos generados en los últimos 15 años vinieron de 7 sectores con altos y crecientes niveles de informalidad, incluyendo el comercio (47.2%), construcción (58.9%), industria (60.4%), logística (59.5%), turismo (52.1%), servicios administrativos (52.4%) y agricultura (74.5%).
El Gobierno adelanta esfuerzos para atraer Inversión Extranjera Directa y explorar nuevos sectores económicos, como la minería, sector donde la informalidad es del 7.2% (2019). Minera Panamá genera unos 5 mil empleos formales directos (39 mil empleos directos, indirectos e inducidos) y $583 millones anuales en consumo, a través de compras de insumos y servicios en el país.
Será difícil salvar la CSS si no generamos empleo formal, y será imposible disminuir la desigualdad en el país sólo generando empleo informal.
