La economía es una ciencia social. Como ocurre con otras ciencias, tiene principios y leyes. Por ejemplo, en la física existe la Ley de la Gravedad, mientras que en economía existe la Ley de Oferta y Demanda. Para que las leyes, principios y fundamentos de decisión funcionen, se requiere que se genere confianza a través de un estado de derecho y un eficaz grado de institucionalización.
En primer lugar, se requiere que existan reglas, que se comuniquen correctamente, que ellas sean entendidas, que se respeten, y sobre todo que se sancionen a quienes no la cumplen (certeza del castigo). Cuando esa cadena no funciona adecuadamente, se afecta la confianza.
En segundo lugar, las instituciones públicas deben funcionar de manera independiente a las personas que las gobiernan y estar enfocadas en su verdadero propósito y objetivos.
Finalmente, se requiere un real equilibrio entre los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, apoyados en entidades como Contraloría o la Procuraduría. Cuando ello no ocurre, el desequilibrio de poderes se traduce en abuso de poder y no solo genera desconfianza, también alimenta las posibilidades de mayor corrupción.
La corrupción genera desconfianza y afecta de manera estructural la inversión, el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Si se analiza el índice de Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional, se aprecia una clara correlación inversa entre riqueza y percepción de corrupción. Por un lado, lideran el ranking Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza. Por el otro lado, aparecen últimos en el ranking Venezuela, Yemén, Siria, Somalia y Sudán del Sur. La evidencia es clara. Países con menor corrupción son ricos; países con mayor corrupción son pobres.
