El funcionario precisó que los demás presos, es decir, el 10% restante, son mujeres y al igual que los varones casi todas están condenadas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Todo el grupo, conformado por 170 de los 550 presos colombianos que permanecen en las cárceles de Panamá, ya cumplió la mitad de las penas que les impusieron los tribunales.
De acuerdo con Calderón, Panamá ya se encuentra preparada para cumplir con el traslado de los detenidos y solo espera que el gobierno de Colombia decida cuándo se hará.
El traslado, dijo, no debe causar ninguna erogación económica para el país.
Informó que el ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, se reunirá en las próximas horas con la embajadora de Colombia en Panamá, Gina Benedetti de Valdez, para conocer en qué estado se encuentran las diligencias que se realizan en el vecino país, a los efectos de proceder con la repatriación de los reos.
Sin embargo, la embajadora Bennedetti de Valdez entregó ayer al canciller de la República, Samuel Lewis Navarro, un informe detallado sobre tales gestiones.
Entre otros aspectos, el informe plantea que Colombia trabaja ya en la construcción de nuevos centros penitenciarios y en la ampliación de otras cárceles ya existentes, precisamente para acoger a sus ciudadanos detenidos en el istmo.
La repatriación de los ciudadanos colombianos se llevará a efecto de acuerdo con los parámetros establecidos en el tratado de cooperación bilateral suscrito entre ambas naciones.
En relación con los desplazados que habitan en la zona selvática fronteriza del Darién, la embajadora Benedetti, sin dar cifras, afirmó que este año se han llevado a cabo dos repatriaciones voluntarias supervisadas por los gobierno de los dos países.
El informe entregado al canciller también recoge el trabajo llevado a cabo desde 1993 por la Comisión de Vecindad colombo-panameña.
