El diputado arnulfista José Blandón Figueroa no perdió la oportunidad de denunciar que él había presentado un proyecto contra la corrupción administrativa que preveía una legislación más estricta en términos de transparencia, y fue descartado por la bancada oficialista.
Para el defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada, en cambio, el código que adoptó el Ejecutivo "es un avance", y cumple con la Ley de Transparencia.
El código obliga a los funcionarios a rendir su declaración patrimonial, prohíbe la recepción de regalos y otro tipo de ventajas de particulares. Sin embargo, las dudas no están presentadas sobre la reglamentación en sí misma sino sobre el vacío legal existente en algunas situaciones que pueden provocar un conflicto entre el interés del Estado y el interés privado en el manejo de la función pública.
Las relaciones de parentesco y las sociedades empresariales entre los miembros del gabinete Torrijos tienen cierta incidencia dentro del manejo de la gestión del Gobierno. Algunos críticos han puesto en evidencia estos lazos, que pueden llegar a confundir los intereses privados y los del Estado entre los distintos miembros del Poder Ejecutivo. Hay varios ejemplos: Maribel Cuervo de Paredes, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), está requiriendo al Ejecutivo si existe alguna relación entre las cuñas estatales y el padre de la primera dama, Vivian de Torrijos. Vivian es hija de Antonio Fernández Gómez, uno de los publicistas mas prominentes del país, quien se ha destacado por hacer las campañas proselitistas de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Cuervo de Paredes desea saber si Alejandro Fernández, hermano de Vivian de Torrijos, mantiene alguna cuenta publicitaria con el Gobierno. Fernández es el gerente de la publicitaria McCann Erickson. La comunicadora también puso de relieve el caso de Hugo Torrijos, primo hermano del presidente, y actual asesor de la Autoridad Marítima de Panamá, cuando todavía tiene una investigación pendiente en la Fiscalía Primera Anticorrupción por la concesión otorgada a la empresa PECC (Port Engineering and Consulting Corp.), de la que también era socio. Otro caso sujeto a controversia: Jorge Sánchez –secretario de la Dirección de Comunicaciones-, socio de la empresa Promed, que es una de las principales abastecedoras del equipamiento médico de la Caja de Seguro Social (CSS).
El nuevo Código de Etica de los Servidores Públicos no regula este tipo de situaciones conflictivas.
