Ese es el criterio de Weeden, pese que la Corte Suprema de Justicia rechazó un hábeas data que buscaba obtener información sobre la referida fundación. Se trata de una fundación de interés privado y sus documentos son privados y están protegidos por el artículo 29 de la Constitución, opinó la mayoría del pleno de la Corte.
Pero la fundación recibe dineros del Gobierno de Taiwan, de manera que estos se constituyen en fondos públicos. Ese es el criterio que Weeden expresó en una carta dirigida al abogado Guillermo Cochez, quien solicitó información sobre la competencia de la Contraloría para auditar ONG que manejan fondos donados por gobiernos extranjeros.
Entre los directores de esa fundación están el ministro de Salud, Fernando Gracia; su viceministro, Alexis Pinzón; el director del Instituto Oncológico Nacional, Pablo Barés (hermano del director de la Policía, Carlos Barés), y el asesor presidencial, Alvaro Antadillas.
A través de esa fundación se realizan proyectos del Ministerio de Salud con dineros de gobiernos extranjeros, lo cual se constituye en una forma de manejar fondos millonarios sin rendir cuentas públicas, opinó Cochez.
