La Corte Suprema de Justicia tomó ayer una decisión inusual. Tan insólita es, que un ex magistrado no recuerda nada semejante en los 10 años que estuvo en el cargo.
Tras una votación en el pleno que se dio ayer para conceder un amparo de garantías a favor de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) y varios otros implicados en este caso, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Órgano Judicial reveló el resultado de forma inmediata, a través de un boletín de prensa.
Si bien el caso es importante desde el punto de vista mediático, la práctica de esta oficina casi siempre ha ido contra la divulgación pública.
Sin embargo, la jefa de la Oficina de Prensa del Órgano Judicial, María Victoria González dijo todo lo contrario. "Uf, tenemos años haciéndolo", dijo, refiriéndose a la supuesta frecuencia con que se divulgan los fallos. Dijo que la ley permite la divulgación cuando el fallo ha sido firmado por el magistrado –si el fallo proviene de la Corte– o por un juez –si la causa está en un juzgado de circuito– y por la Secretaría General de la Corte.
El problema en este caso es que, si bien el pleno votó, el fallo aún no se ha producido debido a que el documento no ha sido firmado por los magistrados, hecho este que no fue óbice para pronta divulgación.
De hecho, varias de las partes no han sido notificadas. El contralor Dani Kuzniecky aseguró ayer que no conocía oficialmente la decisión.
De acuerdo con el ex magistrado Edgardo Molino Mola, lo usual es que, si existen objeciones a un proyecto de fallo del magistrado sustanciador, el asunto se lleva al pleno y se discute en su seno. Posteriormente, se redacta un fallo final que empieza a circular de despacho en despacho para que los nueve magistrados lo firmen, incluso aquellos que no estén de acuerdo, en cuyo caso debajo de su firma anuncian el salvamento de voto.
Molino Mola acotó que en este caso la notificación a las partes se hace por edicto y que el fallo solo se hará público cuando esté firmado por todos los magistrados, y no antes.
Este diario le preguntó si durante el tiempo que fue magistrado se había divulgado por medio de la Oficina de Prensa y de forma tan diligente una votación del pleno, y dijo que no. "Eso es completamente inusual", aseguró. .
Revocan medida cautelar a PECC, Torrijos y Reyna
El pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió ayer un amparo de garantías constitucionales a favor de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp., (PECC) y se revocó la cautelación de bienes, inmuebles y dineros pertenecientes a los seis demandantes.
Mediante un comunicado de prensa se informó de que los nueve integrantes del pleno tomaron esta decisión en una votación que quedó siete a dos.
Por este caso también habían interpuesto sendos amparos de garantías, Hugo Torrijos, Rubén Reyna, Gerardo Chuljak, José Antonio Sierra y Miguel Ulloa Beluche, los cuales habían sido acumulados.
El recurso legal atacaba la Resolución No 861 de 9 de octubre de 2003 emitida por el entonces contralor de la República, Alvin Weeden, que los acusó de una lesión patrimonial por el monto incautado[6 millones 689 mil, 994 dólares con 62 centésimos], por irregularidades en la prestación de servicios de mantenimiento de faros y boyas por el Canal.
Se aclara en la nota de prensa que "el tribunal de amparo se enmarcó solo en el análisis de la violación de los derechos constitucionales que ocurre cuando un funcionario emite contra algún particular una orden de hacer o no hacer arbitraria, que requiere revocación inmediata a tenor del Artículo 54 de la Constitución y que el fondo del asunto se encuentra para decidir."
Según el boletín de prensa, "la Corte estimó probadas las alegaciones de los demandantes".