Las actuales prácticas de juega vivo, inseguridad jurídica y corrupción -tanto pública como privada- propician la sobreexplotación y el despilfarro de los recursos naturales, y el deterioro ambiental.
Un ejemplo es el mal llamado Camino Ecológico, y el decreto con el cual el actual gobierno modificó el decreto que en 1976 creó el Parque Nacional Volcán Barú. El gobierno de Patria Nueva derogará esa arbitrariedad.
Panamá posee una incomparable biodiversidad que, junto con sus recursos hídricos, es parte importante de su patrimonio natural. Eso nos da ventajas ante otros países, y constituye el principal activo para convertirnos a corto plazo en una potencia en turismo sostenible.
Propondremos la ley que establecerá el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, basado en el conocimiento científico y la valoración de la biodiversidad. Este sistema será dinámico, promoviendo pequeñas empresas de servicios ambientales compatibles con la conservación de los parques nacionales -como las de ecoturismo y turismo científico- que, además, faciliten el desarrollo de las comunidades.
Reglamentaremos el capítulo del agua de la Ley General del Ambiente y el régimen administrativo especial de conservación del agua, para garantizar una gestión integral de los recursos hídricos con participación ciudadana, donde tengan igual importancia la cuenca alta, el curso medio, la zona costera y las aguas subterráneas. Se implementará, además, la Ley de Organismos de Cuencas Hidrográficas.
Igualmente, implementaremos un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que garantice -a través del uso adecuado de los suelos para fines agropecuarios, industriales y asentamientos urbanos-, la calidad y cantidad de Agua para Todos, y un Plan Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
Apoyaremos a los sectores productivos del agro y la industria para que puedan poner en práctica procesos y tecnologías de producción más limpias y sostenibles a largo plazo.
Una ANAM fuerte, rectora de las políticas ambientales, que delimite las funciones y direcciones de conservación, evaluación y aprovechamiento; que facilite la creación de los espacios de participación y concertación; dotada de mejores recursos y más efectiva.
Apoyaremos la descentralización y fortalecimiento municipal. El problema de la basura y las aguas servidas revertirá en oportunidades económicas, fomentando pequeñas empresas de servicios ambientales, de reciclaje de desechos sólidos y tratamiento de aguas residuales, que permitan mejorar la calidad ambiental y la generación de empleos.
Retomaremos el proyecto de ley de delitos ecológicos que está en la Asamblea Legislativa y que fue aprobado en tercer debate. Respaldaremos al Ministerio Público en la creación de las fiscalías ambientales, independientes y con adecuados recursos.
La mejor garantía de que sí se puede construir una patria nueva, orientada al desarrollo humano sostenible es que, por primera vez, Panamá tendrá un presidente comprometido con la conservación ambiental como política de Estado, vinculándola con la reducción de la pobreza, la promoción de la equidad social y el crecimiento económico sustentable.