González, quien califica esta participación en el proceso negociador de "imperiosa necesidad", fundamenta su petición en que no existe una nota formal para que el colegiado de CONATO acuda a la construcción del proceso negociador de forma efectiva, y no solo como una mera consulta organizada por el viceministro de Comercio Exterior.
Sostiene el dirigente sindical que el TLC con Estados Unidos, por su trascendencia, puede tener consecuencias insospechadas si antes los panameños no somos capaces de definir una agenda común con la participación de sectores importantes del país.
En su opinión, la marcha del TLC, por su complejidad y por la experiencia sufrida por México, requiere una definición clara de lo que los panameños aspiran para los próximos años, lo que deberá permitirles una negociación entre iguales.
González aduce que existen temas de alta sensibilidad que, de no ser bien abordados, pondrían en peligro la estabilidad política y social del país. Así, enumera temas como la degradación de los ecosistemas panameños, la seguridad del Estado sobre inversiones de origen transnacional, reglas de origen para el comercio de bienes, procedimientos aduaneros para productos agropecuarios y medidas sanitarias, la propiedad intelectual, compras del sector público y las normas administrativas institucionales.
Más adelante advierte que para la negociación de este u otro TLC, el Estado panameño está obligado, a través de su gobierno, a superar las violaciones permanentes de derechos consignados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con ello se refiere a que 140 mil trabajadores públicos no disfrutan del derecho de sindicalización, de negociación colectiva ni de huelga. Al igual, la prohibición para la firma de convenios colectivos a los trabajadores del mar. Ello sin mencionar el incumplimiento de una sentencia de la CIDH, de 13 de febrero de 2001, relativa a los destituidos por la Ley 25 de 1990.
