La mañana del 19 de enero de 2004, dos agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) conversaban amenamente sobre béisbol mientras caminaban por el Hospital Santo Tomás junto al beliceño Fernando Requena Duval, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos debido a sus nexos con el narcotráfico.
Lo que menos se imaginaban los despistados custodios era que el reo tenía en mente, junto con otros cómplices, un plan de fuga al mejor estilo de las películas de Hollywood.
Ante el asombro de la gran cantidad de pacientes que esperaba en la sala de radiología, los "compinches" de Requena Duval entraron disparando y así mismo salieron.
Más de un año después, Requena Duval no ha sido recapturado, pese a que padece de un tumor cerebral.
Al igual que el narcotraficante, 15 panameños y un ecuatoriano son buscados por las autoridades tras haber burlado la justicia. La PTJ ofrece 5 mil dólares por la localización de cualquiera de ellos.
El número 18, considerado la excepción reciente, es el ex banquero Bolívar Pariente, aunque no fue capturado por las autoridades, sino que se entregó de manera voluntaria después de permanecer cinco meses prófugo, tiempo en el que entró y salió del país burlando todos los sistemas de seguridad.
Para Ramiro Jarvis, ex secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, estas fallas obedecen, sencillamente, a que en el país no existe un estamento u organismo que sirva como enlace para la coordinación central de investigaciones en casos de alto perfil delictivo.
Las pesquisas sobre captura de delincuentes internacionales o locales se realizan por separado entre cada organismo del Estado, y en muy pocas ocasiones se conforma un bloque de búsqueda, combinado, añadió Jarvis, quien también ejerció la subdirección y la jefatura de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
El investigador sostuvo que no hay un reglamento o ley que especifique qué organismo debe asumir el liderazgo cuando se haga necesario llevar a cabo averiguaciones de casos de interés para la seguridad nacional, y, por lo tanto, cada estamento investiga o trabaja por separado, de manera aislada.
De acuerdo con el criterio de Jarvis, esta descoordinación en materia de seguridad, sumado a la tecnificación y los grandes recursos económicos con los que cuenta el crimen organizado, pone en desventaja a los organismos de seguridad nacional.
A juicio de Jarvis, el Consejo de Seguridad debe ser el organismo encargado de cumplir con las funciones de coordinación para enfrentar esos casos de alto perfil. Se intentó conocer la opinión del jefe de este organismo, Javier Martínez Acha, pero no fue posible.
Policía Nacional
Para que la Policía Nacional ponga en ejecución un operativo de búsqueda, debe enviársele orden de captura por parte de una autoridad competente, aclaró el subdirector de esa institución, comisionado Juan Cerezo.
Según el funcionario, el trabajo de inteligencia se basa, principalmente, en datos proporcionados por informantes de confianza o voluntarios, y los anónimos.
En muchos de los casos se logra una información que ayuda a la investigación, aunque en otras ocasiones se obtienen resultados negativos.
Cerezo explicó que hay informantes voluntarios que colaboran con la policía sin pedir nada a cambio, y los interesados (aquellos que buscan un interés económico). Los informes conocidos son evaluados y se comprueba la veracidad de la fuente.
"Los detalles tomados de los informantes, sean voluntarios o interesados, siempre se comprueban. No salimos a la calle a hacer una operación sin antes comprobar la veracidad de estos datos", precisó Cerezo.
Los equipos que salen a la calle necesitan recursos económicos, tanto los de la PN como los de la PTJ. Según Cerezo, se requieren equipo de comunicaciones (celulares y radios), transporte, armas, y dinero en efectivo para pagar a los informantes.
Migración
Para Javier Tapia, ex subdirector de la Dirección de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, controlar la entrada y la salida de los nacionales y extranjeros del país es una de las tareas más delicadas de los entes de seguridad locales.
Dijo que se hace necesario garantizar la capacitación de los funcionarios que laboran en los puntos de entrada y salida del país.
De igual manera, afirmó Tapia, es necesario dotar de equipos más sofisticados al personal, para que le permita luchar contra las artimañas que utilizan los delincuentes para burlar las normas de seguridad.
"Es vital que el personal se especialice en el manejo efectivo de la base de datos con la que cuenta la entidad, para así verificar si una persona tiene impedimento de entrada o salida del país, o si es buscado internacionalmente", indicó Tapia.
Además, manifestó que los funcionarios tienen que ser adiestrados para observar el comportamiento de los sospechosos que intentan ingresar ilegalmente o escapar del país.
"También hay deficiencias en los controles para detectar pasaportes u otros documentos de embarque que sean falsificados", recalcó.
Otras fuentes de Migración indicaron que el sistema para buscar el registro migratorio de una persona nacional o extranjera es demasiado lento, porque se trata de tarjetas que en muchos casos no se encuentran almacenadas en una misma base de datos.
Policía Técnica Judicial
Wilfredo Hurtado, jefe de la División de Investigaciones Criminales de la PTJ, explicó que para la búsqueda de prófugos, la entidad realiza como procedimiento un estudio de los datos recabados por la División de Captura, que cuenta con una base de datos, y que en la mayoría de los casos se pide el apoyo de la Interpol, adscrita a la institución.
Sin embargo, las cosas no siempre salen bien. Por lo general, los estamentos de seguridad fallan.
Un ejemplo claro de que definitivamente hay fallas en los organismos de seguridad para rastrear fugitivos fue el caso del ex gerente del Banco Nacional Bolívar Pariente.
La Interpol recibió la notificación de la orden captura de Pariente por parte de la Fiscalía Primera Anticorrupción, el 30 de noviembre de 2004. Para esa fecha, Pariente ya tenía un mes de estar en Puerto Rico.
El 11 de enero de 2005, la Interpol-Washington informó a su homóloga de Panamá que el prófugo estaba en España desde el 3 de diciembre de 2004.
Luego, el 19 de enero de 2005, Interpol-Costa Rica notificó que Pariente había entrado a esa nación procedente de España, pero no fue aprehendido ni a su salida de Madrid ni a su entrada a San José, pese a que había una orden internacional de captura.
Un mes más tarde, Pariente ingresó a Panamá tras burlar todos los controles de seguridad y permaneció prófugo hasta que se entregó en la ciudad de David, Chiriquí, a finales de abril.
Los datos sobre su ubicación fueron conseguidos, pero siempre llegaron tarde a las oficinas de Interpol-Panamá.
(En este trabajo participaronJosé Somarriba, Urania Molina y Eduardo Mendoza).
Gobierno y Justicia creará red corporativa de comunicaciones
La vocera del Ministerio de Gobierno y Justicia, Judy Meana, dijo que esa entidad planea integrar a todas las dependencias bajo su paraguas en una red corporativa, es decir, comunicadas y relacionadas con tecnología informática.
Del programa se encargará la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones, a cargo del ingeniero Virgilio Sánchez, y en la primera fase del proyecto están conectados la Dirección de Migración y Naturalización, la Dirección de Pasaportes, Correos y Telégrafos, la sede del Ministerio de Gobierno y las gobernaciones de Panamá y Chiriquí.
Para una segunda fase del proyecto, antes de fin de año, se espera agregar al sistema a la Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Marítimo Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil.
De acuerdo con Virgilio Sánchez, el programa incluye el cambio de los equipos informáticos e involucra también modificaciones en los servidores y computadoras de los funcionarios responsables de su uso.
"Para el próximo año se espera establecer un sistema único de radio portátiles con cobertura de todo el país, de frontera a frontera y de costa a costa", agregó el funcionario.
Se utilizará tecnología parecida a la usada por la Autoridad del Canal de Panamá, para lo cual serán invertidos poco más de 5 millones de dólares, según confirmó Sánchez.
