Mediante una resolución, el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, incorporó un requisito adicional a los antes establecidos por la Ley para alcanzar el referido permiso, y facultó al Instituto de Medicatura Forense —adscrito al Ministerio Público— a practicar la prueba de ADN como uno de los pasos previos para obtener la autorización para portar armas de fuego. El registro de esa información genética quedará, cual ficha policíaca, en los archivos del Ministerio Público.
Jaime Jácome, director de la PTJ, elevó una consulta a la Procuradora de la Administración en la que le preguntaba si la mencionada exigencia es extensiva a quienes soliciten la renovación de su licencia para portar armas de fuego. También le preguntó si solicitarla en la renovación se constituía en una violación a las garantías constitucionales.
Montenegro contestó que la muestra biológica para el Banco Forense de Datos de ADN solo será exigida en una sola ocasión, cuando sea necesaria para la obtención de la mencionada licencia. En los sucesivos casos de renovación de este permiso, la PTJ no debe requerirla.
