El juicio por la sangrienta represión policial durante la crisis de 2001 en Argentina comenzó ayer en medio de reclamos de familiares de las víctimas para que el entonces presidente Fernando de la Rúa también sea juzgado.
El proceso oral y público, que se sigue en tribunales de Buenos Aires y puede durar casi dos años, se inició ayer y con la lectura de los cargos a los 16 expolicías y un exfuncionario acusados de la muerte de cinco manifestantes y de las heridas sufridas por otras 117 personas.
Está previsto que medio millar de personas testifique en el proceso, donde se intenta determinar las responsabilidades operativas y policiales en la represión de manifestantes el 20 de diciembre de 2001, durante el estado de sitio decretado por De la Rúa (1999-2001).
Los violentos hechos bajo juicio se registraron en el área de Buenos Aires comprendida entre la plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y el edificio del Parlamento.
Los principales imputados en este proceso son el exsecretario de Seguridad argentino Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.
Del juicio está excluido De la Rúa por una decisión de la Cámara Federal de Casación, que consideró que el entonces mandatario actuó legítima y constitucionalmente al declarar el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio ante las protestas contra su gobierno.
La acusación ha apelado al Supremo para que revise el fallo de la Cámara de Casación que favoreció al exgobernante, a quien los familiares de las víctimas reclaman ver sentado en el banquillo de los acusados.
“Él fue el que dio la orden del estado de sitio y de que saquen a toda la gente de la plaza”, aseguró ayer Juan Manuel Cárdenas, hijo de Jorge Cárdenas, fallecido la madrugada del 20 de diciembre en las escalinatas del Congreso presuntamente por disparos de la policía.
La muerte de Cárdenas no es objeto de este proceso, porque nunca se encontró el proyectil de bala.