CORRUPCIóN EN FILIPINAS

Arrestan a Gloria Macapagal Arroyo

La expresidenta filipinas Gloria Macapagal Arroyo volvió a ser arrestada ayer después de que el Tribunal Anticorrupción del país lo ordenase por presunta malversación, procedimiento que se suma a otros casos de corrupción que la exmandataria tiene pendientes con la justicia.

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Arrestan a Gloria Macapagal Arroyo

Arroyo, de 65 años, fue detenida en Veterans Memorial Medical Center de Manila, el mismo hospital militar donde estuvo confinada durante ocho meses por el cargo de presunto fraude electoral cometido en 2007.

El director de la unidad de investigación criminal de la Policía, Joel Coronel, explicó que Arroyo se encontraba en un cama pasando examen médico cuando la encontraron con la orden de arresto y añadió que esta colaboró en todo momento, según la televisión GMA.

Los tres jueces de la primera sala del Tribunal Anticorrupción, encabezados por el magistrado Efren de la Cruz, ordenaron la detención de nueve colaboradores de Arroyo por presunto hurto de 500 millones de pesos (unos 7 millones de dólares o 5.5 millones de euros) de una organización benéfica del Gobierno.

A pesar de los procesos judiciales y una enfermedad que la mantuvo en silla de ruedas durante meses, la mujer que gobernó Filipinas desde 2001 hasta 2010 continúa activa en política como parlamentaria y aspira a revalidar el escaño en las elecciones del año próximo.

El pasado 25 de julio, Arroyo obtuvo la libertad bajo fianza y abandonó Veterans Memorial Medical Center, donde había vivido ocho meses bajo arresto por una rara dolencia en la columna vertebral que aún padece. En esta ocasión, el Tribunal Anticorrupción desestimó la petición de reconsideración que el abogado de la imputada, Anacleto Diaz, presentó para impedir el arresto. Además del caso de presunto fraude en las elecciones de 2007, Arroyo está acusada por la Fiscalía de malversar 365 millones de pesos (unos 7.18 millones de euros o 8.7 millones de dólares) de las arcas de la lotería estatal y, en otros proceso aparte, de corrupción y tráfico de influencias, con relación a un contrato estatal de 329 millones de dólares para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad con la empresa china ZTE.

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