Bogotá se revuelve por la cuestionada destitución de su popular alcalde y protesta en las calles ante la incertidumbre que genera su inhabilitación política por 15 años.
Miles de personas se reunieron en la plaza de Nariño, en el centro histórico de la capital, para abogar por Gustavo Petro, el burgomaestre militante del desmovilizado grupo guerrillero M-19, que ocupa desde 2011 el cargo de mayor peso político en el país, por debajo solo del Presidente.
Su “verdugo político”, el procurador general, Alejandro Ordóñez, podría compartir con Petro aspiraciones presidenciales para la contienda de 2018, lo que agrega tensión al análisis de la medida, que el aún alcalde ha calificado como “golpe de Estado”.
Incluso los opositores tradicionales de Petro –que rechazaron impopulares medidas como la prohibición de las corridas de toros, en una ciudad de histórica tradición taurina, o la peatonalización de la concurrida carrera Séptima– cuestionan ahora la decisión de Ordóñez.
Las voces críticas se levantan para precisar que la gestión de la conocida “crisis de las basuras”, en diciembre de 2012, no es en sí misma una falta, como señala la “apreciación” del procurador, que acusó al alcalde de improvisador.
Ordóñez sancionó a Petro por generar el caos en una ciudad de más de ocho millones de habitantes, cuando decidió no renovar los contratos a cuatro firmas privadas que habían prestado por años el servicio de recolección de residuos y “renovar” el modelo con entidades sin experiencia, en contra del principio de libre empresa y poniendo en riesgo el ambiente y la salud.
También se discute la facultad o no del procurador de sancionar tan severamente a un funcionario electo popularmente.
Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reveló a la prensa que ha pedido una cita con el procurador para que le explique el fundamento de su decisión. La institución interviene, dijo, por tratarse de una persona electa democráticamente y de representación popular.
GOLPE A LA IZQUIERDA
La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, Cuba, señaló mediante un comunicado que el fallo es una persecución ideológica (Petrus, del movimiento Progresista, representa a la izquierda), que afecta la confianza y credibilidad del proceso de paz, porque demuestra las “nulas garantías para un ejercicio político independiente”.
El Gobierno, que ha declarado que respeta tanto la potestad sancionadora de Ordóñez, como la decisión del alcalde de recurrir, aclaró que el incidente no va a afectar el proceso de paz en marcha.
También trascendió la carta con “recomendaciones” que escribió a Petro Leopoldo López, exalcalde venezolano inhabilitado cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se falló a su favor por considerar que el Estado violó sus derechos de defensa y a ser elegido.
En este escenario, los congresistas colombianos empiezan hoy la discusión de una nueva reforma de justicia.
El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, adelantó que entre los módulos a tratar está la revisión del código disciplinario que rige a los funcionarios.
¿QUÉ SIGUE?
El artículo 314 de la Constitución colombiana establece que si faltan más de 18 meses para que se termine el período de un alcalde separado del cargo hay que convocar a nuevas elecciones. Si faltan menos de 18 meses se designa a un reemplazo del partido del original.
Por lo tanto, si Ordóñez confirma la destitución en segunda instancia, que es lo que los críticos aseguran que pasará, habría elecciones, en el plazo de 55 días dictado por ley.
El presidente Juan Manuel Santos deberá nombrar un reemplazo para ese período.
Si las elecciones se convocan ya, el exalcalde Antanas Mockus dijo estar interesado en la lid, aunque su esposa trabaja en el Gobierno y eso podría representar un impedimento.
Otros aspirantes para reemplazar a Petro son el exconcejal Carlos F. Galán y el exprecandidato presidencial del uribismo Francisco Santos (que lo descartó por ahora), además de el exministro Antonio Navarro Wolff (también antiguo M-19) y el exalcalde Enrique Peñalosa. Incluso, ya hay encuestadoras midiendo la intención de voto.
Legalmente Petro tiene hasta el 20 de diciembre para notificarse, aunque se espera que presente un recurso de reconsideración el 30 de diciembre.
Para el alcalde, de 53 años, la medida es una “cadena perpetua” política,