Varias de las importantes reformas de espionaje anunciadas por el presidente estadounidense Barack Obama enfrentan obstáculos que pudieran enturbiar la legalidad de las propuestas, retrasar su marcha en el Congreso y cargar al gobierno con grandes costos y burocracia, advierten expertos legales.
Pese a los planes de Obama de cambiar el almacenamiento masivo de registros telefónicos de los estadounidenses a otra parte, las compañías telefónicas no quieren la responsabilidad. Y el gobierno pudiera enfrentar obstáculos estructurales y de privacidad al depender de otra entidad para almacenar los datos.
Analistas constitucionales cuestionan además los puntales legales del compromiso de Obama a establecer un panel asesor de expertos en privacidad para que intervenga en algunos procedimientos de la secreta Corte de Espionaje Extranjero, que supervisa las operaciones de compilación de datos de la Agencia de Seguridad nacional (NSA).
Obama le pidió al Congreso que establezca el panel, pero altos jueces federales han expresado su oposición, argumentando inconvenientes legales y prácticos. La corte secreta opera con sólo el gobierno presentando argumentos a un juez federal para el examen de los datos telefónicos de una persona. Activistas de libertades civiles dicen que debe haber otra voz que ofrezca al juez una opinión contraria.
“El problema está en los detalles de cómo el gobierno colecta y retiene registros telefónicos”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), “y pienso que vamos a ver muy pronto la falta de especificidad en algunas de las promesas del presidente”. Se espera que los obstáculos para la implementación de los planes de Obama se acumulen pronto a medida en que funcionarios del gobierno y legisladores batallan sobre qué tipo de entidad supervisará los registros telefónicos colectados por la NSA.
Obama le ordenó al Departamento de Justicia y a funcionarios de inteligencia que preparen un plan en los próximos dos meses. Activistas de privacidad cuestionan además el silencio del gobierno sobre qué hará con centenares de millones de registros telefónicos.