Los comerciantes de esta localidad montañosa llena de pinos casi recitan de memoria la lista de pagos por concepto de “protección”, que deben hacer al cartel de las drogas de La Familia para seguir operando: 100 pesos mensuales por un puesto en un mercado callejero, 30 mil por una concesionaria de automóviles o una firma proveedora de materiales para la construcción.
Si uno no paga, sufre una paliza. Los reincidentes pueden perder la vida.
“Si está La Familia... te llegan y te golpean. Cada día llegan los ‘madreados’ (golpeados) al hospital”, comenta un mecánico que trabaja cerca de un hospital.
Los carteles de la droga se han convertido en verdaderas mafias que extorsionan, cobran tarifas a cambio de protección y trafican de todo, desde personas hasta películas pirata en DVD.
La cocaína ya no genera tantas ganancias y resulta cada vez más difícil burlar a las autoridades de México y EU, por lo que los narcotraficantes se han volcado a otras actividades, incluidas algunas que son relativamente más sencillas y redituables que las drogas.
Hace dos años y medio, el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña feroz contra el narcotráfico, en la que ya han muerto 11 mil personas y que convirtió localidades rurales tranquilas, como Ciudad Hidalgo, en campos de batalla.
Las bandas de delincuentes se están insertando ahora en la sociedad mexicana como nunca antes, lo que hace que resulte más complicado combatirlas. Manejan empresas, generan empleos y ofrecen servicios sociales en sitios donde el Gobierno no se hace presente.
Las autoridades municipales dicen que no tienen suficiente gente para investigar a estas bandas y piden la intervención del Gobierno estatal, el cual a su vez le pasa la bola al Gobierno federal, pues la delincuencia organizada es de su jurisdicción. El Gobierno nacional, por su parte, está abrumado y poco puede hacer.
