SANTIAGO, Chile (AFP). Chile vive la mayor crisis de confianza desde que se restauró la democracia hace 13 años, tras la dictadura del general Augusto Pinochet, con una ola de denuncias de corrupción que en los últimos dos meses envolvieron a poderes del Estado, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas.
"Creo que hay una suerte de crisis moral y una falta de conciencia colectiva, pública y privada, acerca de la trascendencia que tiene la moral como principio", advirtió el ex contralor general de la República Enrique Silva Cimma.
En el último informe anual de la organización Transparencia Internacional, difundido en Berlín hace cuatro meses, Chile aparece entre los 17 países con menores signos de corrupción y en el primer lugar de América Latina.
Pero hace cuatro años, Chile figuraba en el décimo tercer lugar y este retroceso puede representar "un peligro de corrupción o de olvido de circunstancias elementales que regulan la ética", sostuvo Silva Cimma, autor de varios libros sobre el tema, ex canciller y ex presidente del Tribunal Constitucional.
"El problema es que esta vez la crisis es de tal magnitud que afecta la imagen del país", señaló ayer domingo el matutino La Tercera, junto con adelantar que "nada sugiere, además, que el escándalo se detendrá".
Un nuevo capítulo del conflicto se escribirá hoy lunes, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua, 80 km al sur de Santiago, reciba la petición del juez Carlos Aránguiz para privar de su fuero y someter a juicio a seis diputados de los cuatro partidos oficialistas que integran la Concertación Democrática.
El juez, que actúa con plenos poderes, investiga el posible pago de "coimas" o sobornos a los seis legisladores, representantes de la democracia cristiana, el Partido por la Democracia (PPD), el radicalismo y el Partido Socialista, del presidente Ricardo Lagos.
La petición de desafuero de los parlamentarios se suma a la detención del presidente del Partido Radical Patricio Tombolini, ex subsecretario del Ministerio de Transportes, además de otros dos ex funcionarios del Estado y tres empresarios acusados de pagar esos sobornos en Rancagua.
El presidente Lagos admitió en la víspera que su coalición enfrenta la peor crisis desde que se iniciaron los gobiernos de la Concertación cuando concluyó la dictadura militar.
