La fase oral del proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sigue contra el Estado colombiano por la toma del Palacio de Justicia, en 1985, concluyó ayer con polémicas sobre el concepto de desaparición forzada.
La última audiencia de la CorteIDH en Brasilia estuvo signada por diferencias entre el Estado y familiares de las víctimas en relación a los desaparecidos que dejó esa cruenta acción del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la encarnizada respuesta del ejército que le siguió.
La justicia colombiana ha reconocido que, además de un centenar de muertos, en el asalto al Palacio de Justicia hubo al menos 11 desaparecidos, aunque para algunos organismos de derechos humanos fueron 12 o más.
El abogado Julio Andrés Sampedro, de la Agencia de Defensa de la Nación, dijo ante la CorteIDH que en algunos casos denunciados no cabe el concepto de desaparición forzosa y que en otros no existen las debidas pruebas. “Hay casos en los que no se encontraron indicios de desaparición forzosa y en que las denuncias se apoyan en algunas declaraciones” que no son concluyentes, indicó Sampedro.
El abogado subrayó la “preocupación que el Estado colombiano ha tenido con los derechos humanos en los últimos años” y su “rechazo absoluto a la desaparición forzosa”, pero subrayó que en algunos de los casos relacionados a la toma del Palacio de Justicia “no hay pruebas de esos hechos”.
Sampedro planteó incluso la diferencia entre el concepto de desaparecido por razones políticas y “el desconocimiento del paradero de las víctimas”.
Esa diferenciación enervó a los familiares de las víctimas, que respondieron a través de la abogada Viviana Krsticevic, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que asiste a los deudos de los desaparecidos.
Krsticevic se declaró “sorprendida por esa declaración”, que calificó como “un maltrato más a las víctimas” y a sus familiares.