En la purga más grande de la última década, el Gobierno argentino pasó a retiro este sábado a 19 comandantes de Gendarmería Nacional, apenas tres días después de que tomara estado público que la Justicia investiga a esa fuerza de seguridad por presunto espionaje a líderes sociales y sindicales.
La decisión incluye la destitución de nueve de los 15 comandantes generales oficiales y 10 de los 16 comandantes mayores, informó este domingo el diario Clarín.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad advirtió que el recambio se basa en el “ciclo normal de ascensos y pases a retiro” y que no tiene relación con supuestas tareas de inteligencia ilegal.
La purga, decidida por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y firmada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no afectó al jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, quien admitió la semana pasada ante la Justicia la existencia del “Proyecto X”, en una causa iniciada por delegados gremiales y organismos de derechos humanos.
El “Proyecto X” es una base de datos que gendarmes elaboran sobre sindicalistas y dirigentes sociales e incluía un minucioso registro del uso de teléfonos, medios de comunicación, transporte y aportes económicos.
Dirigentes opositores aseguran que ese tipo de información fue obtenida de “manera ilegal” y se trata de “espionaje interno”.
Los denunciantes ante la Justicia creen que las tareas de inteligencia desde el Estado comenzaron hace varios años, aunque no pudieron confirmarlas hasta 2011. “Sabíamos desde hace tiempo que hacían espionaje, pero recién lo comprobamos a fin del año pasado”, dijo Javier Hermosilla, gremialista de la empresa alimentaria Kraft.
“Ahora sabemos que hay infiltrados en todas las marchas. Hay espías y teléfonos ´pinchados´ (intervenidos)”, agregó Hermosilla, que ganó notoriedad pública por las protestas que personal de Kraft realizó durante 2009.
“El Gobierno Nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad (...). No vamos a tomar decisiones sin reflexión”, había dicho Garré el viernes pasado, con relación a la denuncia sobre el sospechado accionar de Gendarmería, una de las fuerzas bajo su órbita.
La ley 25.520 establece que no se puede “obtener información” de personas por el hecho de “pertenencia a organizaciones sociales o sindicales”.
Al admitir ante la Justicia la existencia del hasta entonces desconocido “Proyecto X”, Schenone lo definió como “una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas”.
