La organización terrorista ETA comunicó la cancelación de las prácticas de extorsión a empresarios, una de sus principales vías de financiación, en el marco del alto el fuego que declaró el pasado 10 de enero.
Los representantes de los empresarios del País Vasco y de la vecina región de Navarra, en el norte de España, recibieron sendas cartas en las que la banda armada les anuncia el cese de esas prácticas, que denomina “impuesto revolucionario” y en las que exigía dinero bajo amenazas.
José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, informó ayer de la recepción de la comunicación de ETA en una conferencia de prensa en la que dijo que desde el pasado mes de octubre no le consta que ningún empresario navarro haya recibido cartas reclamando la entrega de dinero. La patronal vasca, Confebask, también informó de que recibió una carta similar.
“En ella se nos solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios, en particular, y de la sociedad, en general, que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, ha quedado cancelada”, señaló.
La carta añade que “debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor”.
Fuentes de la Confederación Empresarial Vasca consideraron este hecho “positivo y esperanzador”, pero destacaron también la necesidad de mantener la prudencia.
Enrique Portacarrero, director del Circulo de Empresarios Vascos (organismo privado que reúne a directivos de las principales empresas vascas), afirmó que ante la noticia de la “cancelación” de las prácticas de extorsión “hay que mantener una elemental prudencia”, porque “ETA tiene muy escasa credibilidad”.
