El Parlamento español, dominado por la derecha, aprobó ayer un paquete legislativo sobre seguridad y orden público muy criticado por las oenegés, para quienes ataca desde la libertad de expresión a la protección de inmigrantes e instaura la cadena perpetua.
Con los únicos votos a favor de los diputados del conservador Partido Popular del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, fueron adoptadas una controvertida reforma del código penal y una ley denominada “de seguridad ciudadana”, apodada “ley mordaza” por sus detractores.
La oposición, encabezada por el Partido Socialista, aceptó sin embargo una tercera proposición destinada a reforzar la lucha contra el terrorismo yihadista.
Entre las disposiciones de este paquete legislativo, el nuevo código penal introduce la figura de la “prisión permanente revisable”, que equivale a la cadena perpetua, acompañada de un tiempo de reclusión mínimo de 25 años para los crímenes más graves como asesinatos múltiples.
Por su parte la “ley de seguridad ciudadana” prevé multas de hasta 600 mil euros (655 mil dólares) para ciertas manifestaciones o actos de protesta no autorizados. También incluye multas de hasta 30 mil euros (unos 32 mil dólares) por desórdenes públicos o por obstruir acciones de las autoridades como expulsiones de familias desalojadas.
Una “falta de respeto” a un policía podrá por su parte ser sancionada con 600 euros (unos 652 dólares).
La ley autoriza asimismo la devolución en frontera de inmigrantes que acaban de franquear las altas vallas que rodean los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla, lo que, según las oenegés de defensa de los derechos humanos, imposibilita a los migrantes a obtener la asistencia de un abogado o a presentar una petición de refugio o asilo.
