La derecha gobernante en España utilizó su mayoría absoluta para aprobar en el Congreso la limitación del principio de jurisdicción universal de la justicia, que permitió abrir procesos contra dictadores y originó roces diplomáticos con países como China.
El texto fue aprobado con los 180 votos de los diputados del Partido Popular (PP) y 137 en contra de los opositores.
“Con la actual regulación se instruye lo que no se puede juzgar, ahora se instruirá todo lo que se pueda juzgar”, afirmó el portavoz de justicia del PP, José Miguel Castillo. La ley restringe las personas habilitadas para querellar y limita más al juez a investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en casos de genocidio o delitos de lesa humanidad.