LA PAZ, Bolivia (AFP). La extradición del ex dictador y ex presidente Hugo Bánzer pedida por un juez argentino, quema las manos de autoridades de los tres poderes del Estado de Bolivia, que rehúyen tratar el caso arguyendo confusas interpretaciones de la Constitución al respecto.
Punta de lanza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia dijo que el presidente Jorge Quiroga será, en última instancia, quien definirá la extradición del ex mandatario, pedida por el juez argentino Rodolfo Canicoba, que le acusa de una supuesta participación en el Plan Cóndor de coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur los años 70.
Para el efecto, la detención (de Bánzer), la Corte Suprema devuelve el expediente (de extradición) al ministerio de Relaciones Exteriores con una instrucción para que se proceda a la detención, y es el Ejecutivo el que tiene que determinar si cumple o no cumple (con la detención), explicó el presidente interino de la máxima instancia judicial boliviana, Freddy Reynols.
El magistrado, que hace una semana reemplazó a su colega Guillermo Arancibia, quien dimitió en forma insospechada, dijo que el Ejecutivo tiene potestad legal para arrestar e, inclusive, para la entrega de Bánzer a la justicia argentina.
Ceñido al procedimiento, Reynols explicó que tras conocer el requerimiento de la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la extradición de Bánzer -quien entre 1971 y 1978 encabezó un régimen de mano de hierro- en un plazo fatal de 60 días.
Desatada ya una polémica, el presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Justicia, Luis Vásquez, reprochó que el alto tribunal judicial, que conoce el caso desde el miércoles, es la única autoridad judicial y definitiva para tomar una decisión con respecto a este tema bajo el paraguas de un Estado de derecho.
En la misma línea, la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores afirmó que si la Corte Suprema rehúye su responsabilidad, incurrirá en un delito.
