El retraso del Gobierno venezolano en la aprobación de divisas para importar papel periódico puede significar un “golpe fatal” para la prensa “independiente y crítica” de ese país, alertó ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Si el Gobierno venezolano no cambia su postura de no ceder a la prensa escrita la posibilidad de adquirir divisas para comprar su insumo básico, esto será un golpe fatal para la prensa venezolana y terminará con cualquier voz crítica con el Gobierno”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Se trata, subrayó Paolillo, de un “sistema de censura” indirecto que podría “desembocar en una situación de catástrofe para la prensa escrita venezolana”.
“En Venezuela, el Gobierno se ha comido ya la televisión y ahora va a por la prensa escrita, que es el último medio que queda independiente o crítico”, agregó Paolillo.
Destacó el periodista que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente que el “papel para diarios es un insumo fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión” y subraya que “no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso del control oficial del papel para periódicos”.
Palillo recordó que, debido a esta paralización en el otorgamiento de divisas, “ya se ha producido el cierre de 10 periódicos, otros 21 se enfrentan a problemas para comprar insumos y a 6 les queda papel solo hasta febrero próximo”.
“Un total de 14 periódicos, entre ellos los principales del país, El Universal y El Nacional, han tenido que reducir drásticamente el número de páginas”, acotó.
Según indicó recientemente Miguel Henrique Otero, presidente y editor de El Nacional, el problema se ha recrudecido y dejado a algunos periódicos con inventarios de papel para apenas un mes o tres semanas más.
“A partir de mayo del año pasado se paralizó el otorgamientos de divisas. Hemos logrado subsistir con el stock (depósitos) que teníamos (...) Es una situación crítica, hemos tenido que recortar suplementos y paginación. Y esto está ocurriendo en todos los periódicos del país”, dijo Otero.
En Venezuela rige desde 2003 un control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, administradas de manera exclusiva por la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que las vende de manera condicionada, en montos limitados y tras engorrosos trámites.
Frente a las muchas denuncias por esta situación, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el Gobierno no tiene intención de “censurar” a los medios de comunicación social en el país.
“Estamos en un momento de apertura, para que los medios de comunicación asuman la formación ciudadana, como lo establece la Constitución”, afirmó.
Arreaza encabezó este lunes una reunión con representantes de la televisión pública, privada y por cable convocada por el presidente, Nicolás Maduro, quien finalmente no pudo asistir.
Al término de ese encuentro, el Gobierno venezolano exigió a las cadenas de televisión reducir los contenidos violentos de su programación y recortar la transmisión diaria de telenovelas, a las que acusa de propiciar la ola de criminalidad que azota al país.
En la reunión se acordaron 10 puntos para el corto plazo, a fin de lograr una “nueva televisión” con menos contenidos violentos.
El Gobierno dijo que no suspenderá ningún canal de televisión, abierta o por suscripción, pero exigió que reformulen sus programaciones para respetar las normas relativas a los espacios dirigidos a los niños.
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de gobernar bajo una “democracia ficticia”, intimidando a opositores y medios de comunicación.
“Durante el gobierno de Chávez y del actual presidente Maduro la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el Gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos”, indica el informe anual de HRW divulgado ayer.
Venezuela fue incluida por HRW en una lista de países con gobiernos “autoritarios” que aprendieron a “adoptar las formalidades de la democracia sin respetar su esencia”. “Esta democracia ficticia no reconoce principios básicos, como los que exigen que los gobiernos rindan cuentas en el marco del estado de derecho, respeten los derechos humanos que protegen a las minorías y mantengan el compromiso de permitir un debate público libre y constante”, dice el texto.
Para José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, es preocupante la reducción de espacios de periodismo crítico en Venezuela por efecto de los ataques gubernamentales contra los medios y los poderes especiales de Maduro para gobernar.
AFP. CARACAS, VENEZUELA