Juan Francisco Juancho Prada y Jesús Ignacio Roldán, dos jefes paramilitares, se negaron a declarar ante la justicia el pasado miércoles. La rebeldía de estos ex integrantes de las autodefensas, tiene que ver con el anuncio que hicieron los jefes "paras" desmovilizados, quienes dijeron que no continuarán con sus confesiones hasta que la justicia no les aclare su futuro jurídico.
La rebelión de los paramilitares se produce en momentos en que la ley de Justicia y Paz, que los ampara, ha sido severamente cuestionada por los familiares de las víctimas del paramilitarismo, quienes aseguran que dicha ley concede demasiadas garantías y beneficios a los victimarios.
Ante la rebeldía de los paras, el presidente Álvaro Uribe reaccionó y amenazó con revivir la figura de la sedición para seguir con el proceso y obligar a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia a que cumplan con sus compromisos.
Uribe recordó que el proceso de pacificación de los paramilitares no es un capricho del Presidente, sino que es un asunto de Estado.
"Le he pedido al ministro Holguín y al Secretario Jurídico de la Presidencia que invitemos a la Corte Suprema a tener un diálogo de cara al país sobre el tema, porque el proceso de paz es del Estado, no es un capricho del Presidente", insistió el mandatario, y recordó que "aquí lo que queremos es salvar un proceso en el cual se han desmovilizado 43 mil personas".
Ayer, el procurador en funciones, Carlos Arturo Gómez, instó al gobierno a usar el mecanismo de extradición para obligar a los paramilitares a que confiesen ante la justicia. "Si no funcionan los mecanismos internos, el Presidente puede someterlos a la extradición", afirmó Gómez.
Uribe, advirtió claramente que los ex jefes paramilitares podrían perder los beneficios judiciales como bajas condenas y la no extradición, si mantienen su decisión de no confesar sus delitos. "Si los sometidos a la ley no cumplen con la ley, pierden sus beneficios. Nada ganan con amenazar con la suspensión del proceso", dijo el mandatario.