La justicia brasileña ordenó la paralización “inmediata” de la licencia ambiental y de las obras de ejecución de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la selva amazónica, según una sentencia a la que Efe tuvo acceso ayer, lunes.
La decisión del juez Antonio de Souza Prudente, del Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, fue dictada el viernes pasado, pero trascendió ayer por su publicación y porque fue festejada por los habitantes de la zona de las obras.
El fallo, que acoge una petición del Ministerio Público Federal, deja automáticamente “sin efecto” la licencia de instalación de la hidroeléctrica y la autorización de retirada de la vegetación.
La central comenzó a ser construida en marzo de 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los pueblos originarios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía.
La orden del juez tendrá validez por lo menos hasta que la sala quinta del mismo tribunal analice el proceso, pero la licencia ambiental sólo volverá a tener validez con el “efectivo” e “integral” cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la licencia previa, según la sentencia.
El magistrado pidió igualmente que las comunidades indígenas sean escuchadas en el caso de Belo Monte y determinó que el incumplimiento de la decisión le acarreará a la empresa Norte Energía, responsable de las obras, una multa diaria de 500 mil reales (unos 228 mil dólares).
Souza Prudente también ordenó que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social se “abstenga” de firmar cualquier contrato con la hidroeléctrica hasta que se cumplan las exigencias ambientales.
La construcción ya había sido interrumpida por el mismo tribunal en marzo de 2012, aunque el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la reanudación de las obras meses después.