El presidente afgano emitió el martes un decreto que da cuatro meses a las compañías privadas de seguridad para dejar de operar en el país, en una medida que presumiblemente contrariará a la OTAN y a los militares estadounidenses que dependen de dichas firmas para proteger convoyes y bases.
Los operadores de seguridad -afganos y extranjeros-se han convertido en un tema conflictivo entre el gobierno y las fuerzas de la coalición y la comunidad internacional al aumentar las quejas de que aquellos tienen poca regulación, son imprudentes y operan efectivamente al margen de las leyes locales.
Según el decreto, los contratistas de seguridad que actúan en Afganistán tendrán que incorporarse a las filas policiales afganas o dejar de operar dentro del plazo estipulado.
La orden exceptúa a las firmas de seguridad privadas que trabajan dentro de los complejos utilizados por grupos internacionales, incluso embajadas, negocios y organizaciones no gubernamentales. “Deberán permanecer dentro del complejo de la organización y tendrán que estar registrados en el ministerio del interior”, establece el decreto.
Toda seguridad fuera de esos complejos será suministrada por las fuerzas de seguridad afganas, al igual que toda seguridad para los convoyes de suministro para las fuerzas internacionales, agrega.
El plazo había sido anunciado el lunes por el vocero de Karzai, pero ahora queda formalizado por medio del decreto. Se anticipa que encontrará resistencia entre los funcionarios de la OTAN que dependen de las compañías de seguridad privadas para custodiar los convoyes e instalaciones en el país.
Algunos funcionarios en Washington se han preguntado si un plazo de cuatro meses es realista.
