El Congreso de México aprobó una reforma legal por la que se limita el fuero militar y establece que en adelante los militares que cometan un delito contra ciudadanos serán juzgados exclusivamente por tribunales civiles y no castrenses, en un cambio histórico que por años habían demandado grupos civiles nacionales e internacionales.
Con 428 votos a favor y cero en contra, la cámara baja avaló ayer miércoles cambios al Código de Justicia Militar con los que se responde a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que desde hace años llamó a México a hacer esos ajustes.
Previamente aprobada en el Senado, la reforma completó así el proceso legislativo en el Congreso bicameral y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Hasta ahora, el código establece que todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante sus labores de servicio son considerados infracciones a la disciplina militar, con lo cual la justicia castrense asumía la jurisdicción, sin importar si la víctima era un civil. Para activistas y organizaciones esa cláusula abría las puertas a la impunidad, debido a que consideran que la justicia militar no goza de independencia ni imparcialidad. Con la reforma, se establece que cualquier delito cometido por un militar y en el que esté involucrado un civil, será visto y asumido por jueces civiles.
Organizaciones civiles reconocieron la aprobación hecha en el Congreso, pero dijeron que aún falta realizar nuevos ajustes para hacer más transparente la justicia militar.
La reforma es parte de las medidas que México debía tomar a raíz de sentencias de la Corte IDH relacionadas con cinco casos de mexicanos que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos a manos de militares, incluido el de Valentina Rosendo, una indígena me´phaa, que fue abusada sexualmente por militares en el estado sureño de Guerrero en 2002.
