El Gobierno peruano oficializó ayer una ley que incorpora el pago de una multa para los servidores públicos que cometan delitos de corrupción, además de la pena de cárcel que ya existe, publicó el diario El Peruano.
Según la norma, las sanciones serán aplicadas bajo el esquema de “días multa”, en el cual la persona debe dividir su sueldo mensual entre la cantidad de cuotas a las que sea sentenciado.
Por ejemplo, si una persona gana 30 mil soles mensuales (unos 11 mil dólares) y es condenada con cinco días multa, debe pagar 5 mil soles (unos 1,800 dólares).
Entre los delitos aplicables a la nueva ley está la colusión o de fraude al Estado, concusión, aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Las penas de cárcel, que varían según el delito, van de dos a ocho años, mientras que las multas serán de entre 180 y 365 días multa. En el caso de delitos de cohecho pasivo propio, en el que los funcionarios reciben beneficios para realizar u omitir sus funciones, la multa se incrementará hasta 730 días si hubiese soborno internacional pasivo.
La ley busca atacar la corrupción, uno de los principales problemas del país, de acuerdo con la percepción ciudadana.
El anuncio sobre la aprobación de esta nueva ley se dio un día después de que el presidente peruano, Ollanta Humala, afirmara el pasado lunes que su Gobierno “no tiene ningún temor” a que el Congreso forme una comisión que investigue el irregular resguardo policial que se daba a un empresario vinculado con el exasesor Vladimiro Montesinos.
“Nosotros no tenemos ningún problema ni temor de que se investigue”, declaró Humala a los periodistas.
“La mafia de Montesinos y toda su prole se debe a una década que nos debe avergonzar a todos los peruanos”, dijo Humala en alusión al régimen de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.