El Gobierno de Colombia y las FARC reanudaron ayer jueves en La Habana sus diálogos de paz, que llegan al decimoquinto ciclo aún centrados en el tema de la participación política y con avances “modestos”, según consideró la guerrilla.
La nueva ronda arrancó con la llegada, sin declaraciones, de los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la mesa de diálogo, mientras los delegados de las FARC presentaron allí su primer informe sobre el estado de las conversaciones.
El documento, anunciado la semana pasada por el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, para mostrar la verdad de lo que sucede en los diálogos, repasa varios asuntos abordados en la mesa, si bien no aporta revelaciones sustanciales sobre las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012.
“Luego de 14 ciclos de intercambios en los que las FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de participación política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos”, indicó el informe leído ante los medios de prensa por el número dos de las FARC, Iván Márquez.
En primer lugar, el texto se refiere a los acuerdos parciales obtenidos en torno a la cuestión agraria, punto inicial de la agenda acordada para los diálogos, que según subrayó la guerrilla tienen cláusulas de discreción pública sobre sus discusiones pero no sobre lo convenido.
Entre otros temas, el informe expone nuevamente la postura del grupo insurgente sobre asuntos polémicos del proceso como el marco legal para la paz, las víctimas del conflicto y los mecanismos para refrendar los acuerdos que se alcancen.
De ese modo, las FARC volvieron a rechazar la “unilateralidad” del Marco Jurídico para la Paz aprobado en junio por el Congreso colombiano y la propuesta de referendo realizada por Santos para que la ciudadanía se pronuncie sobre los acuerdos.
Sobre el tema de las víctimas, que atañe directamente al Marco Jurídico y está aún pendiente de discusión en la mesa, insistieron en que se establezca una comisión de la “verdad histórica” y en que el resarcimiento incluya la obligación para las partes del “perdón colectivo” y un pacto de “nunca más” una vez alcanzada la paz.