El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) recibió un nuevo revés en su intención de evitar su extradición a Estados Unidos (EU) que ya ha sido firmada por el mandatario Álvaro Colom, informó ayer una fuente judicial.
El secretario de la Corte de Constitucionalidad (CC), Martín Guzmán, explicó a periodistas que la máxima instancia jurídica le rechazó este lunes de forma provisional un amparo interpuesto por Portillo en contra del actual presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
Guzmán explicó que los magistrados de la CC consideraron que en la actualidad “no existen los motivos suficientes” para revocar la decisión de Colom, quien el 15 de noviembre pasado firmó la entrega del exmandatario a EU, cuya justicia de ese país lo reclama por lavado de dinero.
Uno de los abogados de Portillo, Gabriel Orellana, dijo a periodistas que recurrieron un amparo en contra de la decisión de Colom porque le violan todos sus derechos humanos a su cliente al firmarse la extradición sin que EU se comprometa a garantizarle sus derechos.
Guzmán aclaró que la acción de amparo interpuesta por Portillo continuará su trámite en la CC hasta agotar las audiencias e incluso, dijo, no se descarta convocar a una vista pública a las partes interesadas.
La CC dio luz verde a la extradición de Portillo el 26 de agosto pasado, pero puso como condición que EU le garantice sus derechos humanos conforme a la Convención Americana.
Colom dijo el pasado 15 de noviembre cuando firmó la extradición, que el gobierno estadounidense le garantiza esos derechos al exmandatario.
Sin embargo, Orellana dijo que EU no es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo cual no se cumple la sentencia de la Corte Constitucional.
El pasado 16 de noviembre, los abogados de Portillo interpusieron también una queja ante la CC en contra de Colom por haber autorizado la entrega del expresidente a EU, pero no fue admitida.
Portillo es reclamado por una corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) por el delito de conspiración para el lavado de 70 millones de dólares.
Antes de ser entregado, Portillo deberá solventar su situación jurídica por un proceso abierto en Guatemala por malversación millonaria de fondos públicos.
En mayo pasado, los tribunales absolvieron al expresidente de este delito, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía y el caso no ha sido resuelto en segunda instancia.