El líder sandinista Daniel Ortega aceptó ayer, jueves, una contrapropuesta del presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, de adelantar las elecciones presidenciales de 2006 y elegir una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución y nombre nuevas autoridades electorales, judiciales y de control fiscal.
Explicó que la Asamblea Nacional (legislativo unicameral) podría convocar a elecciones el 1 de julio para que los comicios se realicen en noviembre próximo con la participación de por lo menos 19 fuerzas políticas.
Ortega había propuesto la semana pasada adelantar las elecciones y llamar a un referendo sobre las reformas constitucionales que el presidente Enrique Bolaños rechaza porque le restan poder.
Bolaños contestó el fin de semana que aceptaba la iniciativa de Ortega, pero que se agregara la elección de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución y nombre nuevas autoridades judiciales, electorales y de control fiscal.
"Una vez aprobada la iniciativa de reforma constitucional, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de asamblea nacional constituyente", dijo Ortega. Agregó que la Asamblea Nacional "conservará su mandato y la Constitución seguirá vigente hasta la instalación de la nueva Asamblea Constituyente".
Ortega planteó, sin embargo, que tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, que controla con sus aliados liberales, sigan funcionando igual mientras se instala la Constituyente.
En un largo mensaje de casi dos horas el líder sandinista dijo que hará su propuesta la próxima semana en un diálogo que realiza con sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista, al que, según dijo, debe incorporarse Bolaños para discutirlas.
El Presidente se retiró en marzo de un diálogo que realizaba con sus opositores sandinistas y liberales sobre las reformas constitucionales aprobadas en enero por éstos en el legislativo, que le restan poder.
Ortega insistió en señalar que la crisis institucional debe ser resuelta por los nicaragüenses, razón por la cual los sandinistas siempre se han opuesto a la participación de la Organización de Estados Americanos.
La misión de la OEA, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza, permaneció cinco días en un intenso cabildeo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no logró reestablecer el diálogo.
