Ecuador apuesta por una reducción de competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de las reformas al sistema que propondrá hoy lunes en la conferencia de Estados miembros de la Convención Americana.
El presidente Rafael Correa, crítico del funcionamiento de la CIDH, aseguró que “hay debilidades que deben ser modificadas para fortalecer la función” del organismo. “El grave problema de la CIDH es que está tomado por la visión anglosajona de la libertad de prensa como libertad de empresa, tomada por ´onegesismos´ ... y tomada por el capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación”, dijo la víspera en su programa sabatino de radio y televisión.
Aclaró que no desmerece lo que durante décadas ha hecho la CIDH contra las dictaduras en el continente, “pero ahora ha caído en un infantilismo donde el Estado por más que esté manejado por un gobierno democrático es un sospechoso... y los periodistas (son) pobres perseguidos”.
El Gobierno ecuatoriano ha cuestionado reiteradamente que la sede de la CIDH esté en Washington, así como la recepción de financiamiento por parte de Estados Unidos, cuando dicho país no ha suscrito la convención ni sus instrumentos. También rechaza la potestad de la comisión de dictar medidas cautelares en los casos que tramita cuando esta le corresponde a la Corte Interamericana.
“El mundo está de acuerdo que esa corte tiene que estar en San José, tiene juristas profesionales ... pero en qué parte de la convención se le da atribución a la comisión. Están destrozando la legalidad”, afirmó el jefe de Estado. Reiteró que “no vamos a permitir que pisoteen la convención, se crean por encima de los Estados y se arroguen funciones que nadie se las ha dado”.
El jurista y excatedrático de política internacional Pablo Ortiz comentó ayer que el sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido la misión para la cual fue creada. Aseguró que si bien todo convenio y tratado “es perfectible”, las reformas no pueden darse “para atacar la libertad de expresión por imponer un sistema político como ocurre en Argentina, Ecuador, Venezuela o Nicaragua”, sino como parte de un proceso de análisis profundo y de consenso entre los Estados miembros.
Ortiz ratificó la competencia de la comisión para actuar con sanciones preventivas en los casos que tramita, “cuando se afecte cualquier tipo de libertad”.
En torno a las críticas sobre el financiamiento y sede la comisión, manifestó que ni Estados Unidos ni ningún país que no sea signatario del instrumento legal podrá acudir a la Corte Interamericana en caso de requerirlo, lo que no es un impedimento para que preste su contingente al organismo.
A la cita en Guayaquil asistirán representantes de los 23 Estados miembros de la Convención Americana. El encuentro se da como antesala a la reunión que la Organización de Estados Americanos deberá concretar este mes y en la que se buscará “resolver la problemática a fin de garantizar la vigencia plena de un sistema de promoción y protección de los derechos fundamentales en el continente”, señaló un comunicado de la cancillería ecuatoriana.