El Parlamento nicaragüense conformó ayer jueves una comisión que analizará el eventual desafuero del presidente Enrique Bolaños por supuestos delitos electorales, mientras que Dante Caputo, enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA) inició su misión de intentar reactivar el diálogo nacional.
La directiva del legislativo, que dominan diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC derecha) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN izquierda), decidió conformar también una comisión de desafuero contra siete ministros de Bolaños por supuestos delitos electorales, agudizando así más la crisis institucional que vive esta nación.
Nicaragua vive una profunda crisis derivada de reformas constitucionales aprobadas por opositores liberales y sandinistas hace ocho meses para restarle poderes a Bolaños.
Esas reformas pretenden quitar al gobernante el control de las entidades de servicios públicos de agua, energía y telecomunicaciones, con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, explicó que las dos comisiones tienen un plazo máximo de 20 días para elaborar sus dictámenes y presentarlos a la Primera Secretaria del Parlamento.
"Este mecanismo de presión contra el presidente Bolaños para que acepte las reformas, le echa más gasolina al fuego que sabemos cómo se encendió, pero no cómo se va a apagar", dijo el diputado Orlando Tardencilla, de la bancada oficialista Azul y Blanco, miembro de una de las comisiones.
"Estas solicitudes de destitución contra el presidente Bolaños, están pendientes una desde 2003 y otra acaba de llegar recientemente; y entonces hay que evacuarlas" dijo, por su lado, la diputada sandinista Mirna Rosales.
La Fiscalía de Nicaragua acusó en octubre de 2002 a Bolaños y a más de 30 miembros del PLC, entre ellos los siete ministros sobre los que se estudiara su desafuero, de delitos electorales por supuestas irregularidades en la campaña electoral de 2001.
El desafuero de Bolaños por este supuesto delito fue pedido al Parlamento en enero de 2003.
Contra Bolaños existen pendientes otras dos solicitudes de desafuero de parte de la Contraloría (Fiscalía de Cuentas), por negarse a colaborar con una auditoría sobre el patrocinio de su campaña electoral en 2001 y por impedir un análisis en las cuentas de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Para que el Parlamento suspenda la inmunidad a un presidente se requieren los votos de 61 de los 91 diputados.
Liberales y sandinistas unidos suman 81 votos con los cuales se podría destituir con facilidad a Bolaños, quien participó ayer en Honduras de la XXVI Cumbre Centroamericana. El portavoz de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez, quien acompañó a Bolaños en Tegucigalpa, dijo vía telefónica a un canal nicaragüense de televisión que el "pacto" entre liberales y sandinistas pretende cometer más ilegalidades para crear más inestabilidad.
Mientras tanto, el ex canciller argentino Dante Caputo, enviado por la OEA, inició en privado su gestión facilitadora, sobre cuya agenda no se ha informado, con el fin de sentar a dialogar a liberales, sandinistas y el Ejecutivo.
La crisis ha subido de tono en los últimos días luego que Bolaños emitió dos decretos en los que ordena a la policía cumplir y hacer cumplir una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del pasado 29 de marzo que declaró las reformas "jurídicamente inaplicables".
Los juzgados de Nicaragua iniciaron desde el 20 de junio una huelga parcial indefinida en protesta por las órdenes que el presidente, Enrique Bolaños, giró a la Policía Nacional de no acatar los fallos del Poder Judicial. La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua informó de que los juzgados trabajarán todos los días sólo hasta el mediodía, en protesta por la decisión del Ejecutivo de desconocer las sentencias judiciales.
