Una comisión parlamentaria turca votó ayer en contra de llevar ante la justicia a cuatro exministros sospechosos de corrupción en un escándalo que sacudió hace un año al régimen islámico conservador de Ankara, anunció su presidente en un canal de televisión.
El resultado no es sorprendente, ya que 9 de los 14 diputados de esta comisión son del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan y se pronunciaron, por tanto, en contra de llevar el caso ante el Tribunal Supremo, indicó Hakki Koylu en el canal turco NTV.
El voto de esta comisión, que estaba previsto el 22 de diciembre de 2014, se aplazó por culpa de disensiones entre la mayoría y la oposición, en un contexto de especulaciones sobre las intenciones del ejecutivo a seis meses de las elecciones legislativas de junio.
La decisión será enviada al Parlamento antes del viernes y este tomará la decisión final en una votación secreta, aunque, dada la mayoría absoluta del gobernante Justicia y Desarrollo en el hemiciclo, se da por sentado que los exministros se librarán de una posible imputación.
Se acusa a Erdogan Bayraktar (Medio Ambiente y Urbanismo), Zafer Çaglayan (Economía), Muammer Güler (Interior) y Egemen Bagis (Asuntos Europeos) de corrupción activa, fraude y tráfico de influencias.
Los tres primeros dimitieron y el cuarto fue despedido en un cambio de gobierno urgente el 25 de diciembre de 2013.
Todos son sospechosos de haber cobrado sobornos de un hombre de negocios de origen iraní, Reza Zarrab, para facilitar un tráfico ilícito de oro con Irán burlando el embargo que pesa sobre el país. Ese escándalo salpicó al conjunto del Gobierno turco, incluido Erdogan, entonces primer ministro del país, que fue elegido presidente en agosto del año pasado.
Erdogan y sus cuatro exministros negaron unas acusaciones que atribuyeron a un complot dirigido por sus antiguos aliados de la cofradía del predicador musulmán Fethullah Gülen.
El poder contraatacó ordenando unas purgas sin precedentes en la policía y la justicia donde los seguidores de Gülen, que vive en Estados Unidos desde 1999, estaban muy activos, según el gobierno, que denunció un “Estado paralelo” en estas instituciones.
El Gobierno turco, que hasta el pasado agosto dirigió el ahora presidente Recep Tayyip Erdogan, ha insistido en que esa investigación era un “golpe judicial” para derrocarlo y aprobó una ley que aumenta su control sobre el poder Judicial.