Coincidiendo con el primer atentado de ETA en 2008, la Justicia española suspendió ayer por tres años las actividades de los dos partidos vascos considerados sucesores del brazo político del grupo armado, lo que deja a la izquierda proetarra sin posibilidad de concurrir a los comicios del 9 de marzo en España.
La decisión de suspender la actividad de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) la tomó el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que ordenó además el cierre de todas las sedes de las dos formaciones, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Los dos partidos, de los que se prevé pronto su ilegalización, están considerados sucesores de Batasuna (Unidad), el prohibido brazo político de ETA. De hecho, según Garzón, la instrumentalización que de ANV y el PCTV ha hecho Batasuna "casi les hace poner el pie en el umbral de la integración terrorista, si no fuera por la escasez de tiempo durante el cual viene funcionando esta ‘unión". Según el juez, los dos han estado financiando a la estructura Batasuna-ETA.
Las reacciones en España a una suspensión que se daba por segura fueron desde la satisfacción del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que impulsa la ilegalización de los dos partidos a través de la abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, hasta las críticas del nacionalismo moderado vasco, que opina, según la portavoz del gobierno regional del País Vasco, Miren Azkarate, que se trata de una "receta vieja y estéril" contra ETA que "solo sirve para acrecentar el victimismo y el grado de confrontación de determinados sectores sociales".
El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy celebró la suspensión, pero considera que llega tarde y acusa al gobierno de Zapatero de electoralismo.
La propia izquierda proetarra vasca considera que es objeto de una persecución por parte del Gobierno, que pretende "tapar la boca" a esa opción.
