BUENOS AIRES, Argentina (Servicios internacionales). La defensa del ex ministro de Defensa Antonio Erman González reclamó este miércoles la inmediata libertad de su representado al juez en lo Penal Económico Julio Speroni, quien investiga el presunto contrabando agravado de material bélico a Croacia durante la presidencia de Carlos Menem (1989-99).
Los abogados Fernando Archimbal y Carlos Froment pidieron al juez que revoque el procesamiento con prisión preventiva dictada contra González.
Por la causa de contrabando agravado de armamento, hace 14 días Speroni dictó la falta de mérito a Menem así como a su ex asesor y ex cuñado, el empresario Emir Yoma, una semana antes de que quede sin efecto su procesamiento con prisión preventiva en la causa central en manos del juez federal Jorge Urso.
En esa causa se los imputaba por una presunta asociación ilícita que habría llevado a cabo la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, pero el procesamiento fue anulado tras una decisión en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia argentina. Según los defensores de González, en el expediente de Speroni quedó probado que la operación se inició y concluyó en el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones Militares sin que existiese algún tipo de participación del Ministerio de Defensa.
Afirmaron que el ex ministro no tuvo participación en las negociaciones que dieran origen a la posterior exportación de material bélico.
En la causa por presunto contrabando de armas también está procesado con prisión preventiva el ex jefe del Ejército teniente general Martín Balza.
Por otra parte, la diputada Elisa Carrió sostuvo ayer que el reciente fallo de la Corte Suprema que puso en libertad al ex presidente Carlos Menem, demostraría que el máximo organismo judicial es el garante de un régimen de corrupción e impunidad.
La resolución puso en libertad a Menem y a su ex cuñado Emir Yoma, detenidos y procesados por la justicia federal en una investigación sobre venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
El fallo sostuvo que la figura penal de la asociación ilícita, no puede aplicarse a funcionarios gubernamentales.
Menem, a poco de asumir la Presidencia en 1989, reorganizó la Corte Suprema, aumentó sus miembros de cinco a nueve y se aseguró una mayoría de jueces políticamente adictos, según sus oponentes.
