Un alto directivo judicial de Nicaragua propuso ayer miércoles mantener en sus cargos un año más a las máximas autoridades del tribunal electoral y el Poder Judicial, proclives al gobernante Frente Sandinista y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y que están próximos a finalizar sus funciones.
Así lo expresó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, quien pidió al partido sandinista “considerar” un proyecto de ley que el PLC presentó la el martes para ser discutido en el Parlamento en enero próximo, tras el receso de fin de año que se inició este martes.
“No es mala idea, el Frente debería considerar esa opción”, dijo Solís, un ex militar considerado el hombre de mayor confianza del presidente Daniel Ortega en el aparato judicial.
Adujo que ello resolvería el dilema que surge cada cuatro años para elegir a los máximos funcionarios de los poderes del Estado mediante una votación en el Parlamento, donde el gobierno de Ortega apenas cuenta con 38 de 92 asientos.
Solís dijo que los diputados no han nombrado al sustituto del procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, que ya concluyó sus funciones, y alegó que lo mismo puede ocurrir con los magistrados de la CSJ y del Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos períodos están próximos a vencerse.
“Ellos (los legisladores) están en una posición de no nombrar a nadie y de vetar a todo el mundo, quieren crear el caos y la ingobernabilidad”, argumentó al tiempo que admitió que personeros del partido sandinista “han estado platicando con el PLC” sobre el proyecto.
