Los estudiantes chilenos, que habían convocado ayer a una nueva marcha, lograron congregar a unas 150 mil personas por el centro de Santiago, para continuar con su exigencia de que se ponga fin al lucro de las escuelas y que se dé impulso a la educación pública en Chile. “Logramos superar ampliamente nuestras expectativas en término de convocatoria”, dijo Noam Titelman, uno de los voceros del movimiento estudiantil.
Señaló que “más allá de los números, lo importante es que hemos recuperado el nivel de masividad del año pasado”. Una multitud copó varias cuadras de la Alameda, la principal arteria capitalina, en una nueva demostración de los estudiantes que han planteado, además, el término del lucro en la educación.
Con cánticos, bailes y otras formas de expresión los jóvenes hicieron un recorrido por varias calles del centro de Santiago hasta confluir en calle Blanco Encalada, donde a través de un escenario los dirigentes estudiantiles explicaron las razones de la protesta.
“Esta lucha es larga, es ética y queda mucho por construir. El Gobierno tendrá que responder a esta masividad; (el presidente Sebastián Piñera) dijo que éramos el 0.2%, esto es un tapaboca. Estas son las demandas de un pueblo entero”, dijo Camila Vallejo, la principal líder del movimiento.
“La tarea es mucho mayor, tenemos muchos desafíos pendientes, hemos recuperado la transversalidad, la unidad, pero la tarea es larga, no hay que caer en la división por sectores”, agregó la dirigente estudiantil.
La protesta que culminó con algunos incidentes aislados protagonizados por exaltados, fue replicada en varias ciudades chilenas. Los estudiantes chilenos, que han sostenido protestas desde 2011, han radicalizado sus protestas en coincidencia con dos proyectos legislativos que el presidente Piñera envió al parlamento y que a juicio del movimiento estudiantil lesiona seriamente sus aspiraciones.
Una iniciativa legal busca incrementar los tributos de las grandes empresas, pero amplía los subsidios para la educación privada con fines de lucro, y la otra es una normativa que penaliza la ocupación de inmuebles, entre ellas las escuelas, lo que ha despertado el repudio de los estudiantes.
