La situación en el este de Ucrania seguía siendo tensa ayer a pesar del acuerdo alcanzado el jueves en Ginebra para encauzar una solución pacífica a la crisis, que contempla el desarme de los separatistas prorrusos y el desalojo de los edificios públicos ocupados.
Y es que los activistas que mantienen edificios ocupados en Donetsk pusieron como condición para su desarme que el gobierno de Kiev detenga la intervención militar contra su propia población, dijo su portavoz Miroslav Rudenko, en referencia a la “operación antiterrorista” lanzada hace unos días en la región.
Además, piden tener derecho a una ciudadanía rusa para, llegado el caso, poder pedir ayuda a Moscú, y la puesta en libertad de los líderes detenidos, así como el desarme de las fuerzas ultranacionalistas conocidas como Sector de Derechas.
En esa misma dirección se manifestó ayer Rusia, que dejó claro que el compromiso de desarme de grupos no estatales no se refiere solo a los separatistas prorrusos, sino que compete también a la cúpula de Kiev.
“Evidentemente, cuando hablamos de desarme nos referimos en primer lugar a la entrega de armas de las milicias del Sector de la Derecha y otros grupos fascistas que participaron en el derrocamiento de febrero en Kiev”, señaló el Ministerio de Exteriores de Moscú.
Esas milicias que apoyaron las protestas pro occidentales contra el derrocado presidente Viktor Yanukovich deben desalojar también edificios ocupados y otros lugares en Ucrania.
Mientras tanto, la tensión continuaba en el este del país. En la ciudad de Slaviansk, por ejemplo, se oyeron disparos durante la madrugada cuando tropas del Gobierno ucraniano asaltaron un puesto de uniformados prorrusos.
Informaciones no confirmadas señalan que al menos una persona murió.
En las conversaciones internacionales celebradas en Ginebra, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania acordaron que para la solución al conflicto ucraniano había que desarmar a todas las agrupaciones no estatales. Además, también se les exige el desalojo de los edificios y plazas ocupadas.
Asimismo, una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) supervisará la aplicación de lo acordado.
Además, el Gobierno ucraniano prometió una reforma constitucional en el país, en el marco de los acuerdos. “Concederemos un estatus especial a la lengua rusa”, dijeron ayer el presidente de transición, Alexander Turchinov, y el primer ministro interino, Arseni Yatseniuk.
También se concederán mayores poderes en política fiscal y presupuestaria a los gobiernos locales.
“El Gobierno ucraniano está dispuesto a llevar a cabo una reforma constitucional general que refuerce los poderes de las regiones”, añade la declaración.
Los habitantes del este y sur de Ucrania exigen más autonomía y el refuerzo de la lengua rusa.
Rusia también se refirió ayer a las amenazas de nuevas medidas de fuerza en su contra por parte de Estados Unidos y las tildó de “inaceptables”.
“Da la impresión de que el lenguaje de sanciones sustituye cada vez más a la diplomacia en Washington. La parte estadounidense insiste con terquedad en limpiar las actuaciones de la actual cúpula de Kiev y responsabilizar a Rusia”.