A través de una resolución, el Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe exigió al gobierno venezolano liberar a “todos los estudiantes y presos políticos y el cese de la persecución a opositores. Además, respaldó el diálogo iniciado el 10 de abril entre el Gobierno y la oposición, con el fin de encontrar salida a la crisis política.
La resolución, empero, formuló votos para que dicho diálogo produzca resultados en breve tiempo, y así lograr la normalización de la situación política, social y económica de Venezuela.
Tras dos días de reuniones, en Punta Cana, República Dominicana, los representantes de partidos latinoamericanos socialdemócratas también demandaron de las autoridades garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos y permitir el regreso de los exiliados.
El encuentro, encabezado por el secretario general de la Internacional Socialista, el chileno Luis Ayala, y el presidente del comité, el dominicano Miguel Vargas Maldonado, favoreció la creación de una Comisión de la Verdad. Asimismo, apoya el desarme de los grupos armados y la renovación, de acuerdo con la Constitución, de los poderes públicos vencidos, como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, y la Contraloría General.
La resolución coincide con el anuncio de la Fiscalía de Venezuela de que liberó a la mayoría de los 243 jóvenes detenidos en los campamentos, en señal de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, en una redada que fue criticada por la ONU.
El desmantelamiento el jueves de cuatro campamentos en zonas de clase media y los arrestos de manifestantes reavivaron las protestas.
Según un comunicado de la Fiscalía, ocho de los detenidos fueron trasladados a una cárcel en el centro de Caracas y tres a los calabozos del servicio de inteligencia, por delitos como “porte ilícito de arma de fuego”, “incitación a la desobediencia”, “daños violentos a la propiedad” y “agavillamiento” o asociación para delinquir.
A tres jóvenes se les dejó en libertad bajo fianza, 155 deberán presentarse periódicamente ante tribunales, mientras que 15 serán sometidos a tratamientos médicos para “su plena recuperación” por consumo de drogas”.