La existencia de unos mil misiles antiaéreos rusos SAM-7 en poder del Ejército de Nicaragua generó las primeras diferencias públicas entre Estados Unidos y el gobierno sandinista de Daniel Ortega, que asumió el poder hace menos de un mes, según se informó ayer en Managua.
En un comunicado, la embajada de Estados Unidos en la capital nicaragüense reaccionó a declaraciones de Ortega, quien consideró "inadmisible" destruir parte del arsenal antiaéreo de este país aduciendo que Honduras renovará su flota de aviones de guerra con la "aprobación" de Washington.
"Honduras, como país autónomo y soberano, no necesita aprobación de otro gobierno para renovar su flota aérea", señaló el documento oficial estadounidense, al tiempo que aclaró que sólo entregarán a ese país pequeños aviones para la lucha antidrogas.
La polémica surge en momentos en que el Parlamento de Nicaragua se prepara para discutir una iniciativa enviada por el anterior presidente, Enrique Bolaños, que autoriza la destrucción un lote de 651 cohetes SAM-7, de los mil 050 en poder del Ejército desde 1980.
"El gobierno de Estados Unidos aprobó renovar la flota aérea de guerra a Honduras y, por otro lado, nos pide a nosotros que se destruyan los cohetes, eso sería absurdo, inadmisible", afirmó Ortega el pasado viernes, al referirse al proyecto de ley.
Horas antes, diputados del oficialista Frente Sandinista (izquierda) y del opositor Partido Liberal (derecha) habían dicho que esperaban conocer la posición del nuevo presidente sobre el tema, antes de incluirlo en la agenda parlamentaria de esta semana.
En su comunicado, la embajada de Estados Unidos reiteró que "espera que Nicaragua continúe en el camino ya establecido de desarmamiento (desarme) y destrucción de todos los misiles SAM-7", que inició hace un par de años con la eliminación unilateral de mil cohetes antiaéreos.
Adujo que lo que Honduras comprará con fondos de Washington son ocho aviones pequeños "Storm Rally" que "no tienen ninguna capacidad ofensiva" y que se destinarán a la vigilancia del narcotráfico y a operaciones de búsqueda y rescate en casos de desastres naturales.
Consultado por periodistas, el vocero del Ejército, coronel Adolfo Zepeda, dijo que esa institución es respetuosa de la Constitución y las leyes y "va a respetar la decisión de la Asamblea Nacional" (Parlamento) sobre el asunto, porque la destrucción o no los misiles es "una decisión de los diputados".
