La afirmación, hecha el domingo a la noche al divulgar el esperado informe que hizo un censo de las personas detenidas ilegalmente y torturadas durante el régimen, se enmarca en un escenario político del Chile actual que busca la manera de cerrar las heridas que siguen sin sanar.
Mientras Lagos asegura que la verdad es necesaria para completar el proceso de reconciliación y transición entre la dictadura y la democracia, familiares de los desaparecidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la cicatrización sólo será posible cuando los culpables paguen con cárcel.
Poco después del retorno a la democracia, el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94) promovió el trabajo de una comisión que concluyó que alrededor de mil 200 personas sufrieron la desaparición forzosa.
Posteriormente, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) impulsó la llamada Mesa de Diálogo, en la que diversos sectores de la sociedad, incluso con representación de las Fuerzas Armadas, trataron de hallar los restos de los desaparecidos, cuya gestión no alcanzó las metas esperadas.
El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura constituye el tercer gran esfuerzo de los gobiernos democráticos para aclarar lo ocurrido y reparar los daños.
Los integrantes del comité, encabezado por el obispo Sergio Valech, recibieron los testimonios de unas 35 mil personas, que relataron con detalle los lugares donde fueron detenidas y las torturas que sufrieron.
Lagos se declaró conmovido por los relatos, especialmente por la revelación de que casi todas las mujeres arrestadas por agentes de la dictadura (declararon en total 3 mil 399), fueron sometidas a abusos sexuales. Además, unos 90 niños nacieron en prisión, fueron concebidos allí o recibieron maltratos.
De los 35 mil testimonios, unos 28 mil fueron considerados válidos (los restantes están en proceso de verificación), y el 67.4% corresponde a casos ocurridos entre el día del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, y diciembre de ese año.
Lagos anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que las víctimas de detenciones y torturas reciban una pensión mensual vitalicia equivalente a 190 dólares, además de beneficios en educación, salud y vivienda.
