El partido opositor del expresidente colombiano y senador electo Álvaro Uribe denunció este miércoles “graves irregularidades” en su contra en el cómputo de los comicios legislativos del domingo, en los que el gobierno aseguró la mayoría en el Congreso bicameral.
El partido Centro Democrático, de Uribe, opuesto al proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo a la prensa tener pruebas de que no le fueron sumados 250 mil votos, lo que según esa organización política “modificó sustancialmente el resultado electoral y la composición del Congreso”.
La formación de derecha se erigió como la segunda fuerza del Senado al conquistar 19 de los 102 escaños, por detrás de la coalición de gobierno del presidente Juan Manuel Santos (49 curules). En la cámara baja los partidos del oficialismo captaron 92 de los 163 escaños, según la autoridad electoral.
“Esta atipicidad en las elecciones es sumamente grave”, dijo a W radio Uribe, quien además denunció una presunta compra de votos por parte del oficialismo.
“La situación es muy grave en muchas partes del país. Súmele a eso la acción violenta de las FARC contra la gente del Centro Democrático en muchas partes del país”, sostuvo el exmandatario. En un comunicado, el partido opositor exigió a la “Registraduría Nacional enmendar esta grave omisión” y anunció que presentará la evidencia de las supuestas irregularidades ante las autoridades y la Misión de la Observación Electoral de la OEA.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, se refirió a las críticas de Uribe y dijo que “para el futuro democrático de Colombia es preocupante las denuncias de algunas personas sobre los riesgos de los delitos electorales, porque ningún país del mundo está blindado frente a la violencia, la corrupción o el fraude electoral”.
Uribe, que en su gobierno (2002-2010) combatió sin cuartel a las FARC, rechaza el diálogo con la guerrilla por considerar que el gobierno de Santos dejará en la impunidad los crímenes de los rebeldes.
Su llegada al Senado promete ser un duro escollo para Santos de cara a las presidenciales del 25 de mayo, en las que buscará la reelección, y de las reformas que deberá tramitar el Congreso en caso de que prosperen las negociaciones de paz con las FARC, iniciadas en noviembre de 2012 en Cuba.