La corrupción está minando las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, advirtieron ayer dirigentes políticos que siguen una investigación judicial y parlamentaria sobre corrupción del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
“La corrupción ya atrapó al MAS y solo resta conocer el resultado de las investigaciones que hará una comisión del Senado Nacional y un grupo de fiscales a raíz del asesinato del empresario Jorge O'Connor Taborga, lo que destapó hechos irregulares en YPFB”, dijo ayer el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
El ex miembro de la Asamblea Constituyente de Bolivia, Emilio Gutiérrez, por otra parte, denunció que parlamentarios del MAS de Evo Morales han creado diferentes organizaciones no gubernamentales para recibir dinero desde Europa para beneficio personal.
Dijo que el ex senador Santos Ramírez en sociedad con su esposa, la diputada Jiovana Navia, y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la Fundación Kantati que se dedica a construir viviendas sociales.
“Un profesional que se dedica al área de la construcción me reveló que ejecutivos de la Fundación Kantati le pidieron el pago de una comisión para concederle un contrato para construir más de cien casas populares”, dijo Gutiérrez a DPA.
Los fiscales que investigan denuncias de corrupción en la petrolera YPFB confirmaron ayer que el martes se allanó el domicilio de Franklin Aramayo Doria Medina, primo político de Ramírez, y se confirmó que era administrador de la Fundación Kantati.
Ramírez, ex senador y presidente de YPFB, ahora es investigado por supuestos vínculos con la banda de estafadores que planificaron y ejecutaron el robo de unos 450 mil dólares la semana pasada que provocó la muerte de un empresario.
La esposa de Ramírez, la diputada Navia, se excusó ayer por estar embarazada y su fuero parlamentario, de prestar sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público sobre el tipo de vínculos con una red de corrupción que incluía a dos de sus hermanos, un primo suyo y su marido.
El Gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, reiteró ayer que se respaldará la investigación parlamentaria y judicial sobre denuncias y hechos de corrupción en la estatal YPFB.
“No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político, el corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea no nos importa, esa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente”, dijo García Linera a los periodistas.
También se refirió al caso de la empresa Catler Service y un irregular contrato.
